Polémica ley de regadíos
La Junta se reunirá con la Comisión Europea el 3 de mayo para explicar el plan de Doñana
El encuentro llega después de que la Comisión Europea haya advertido que puede exigir a España, si fuera necesario, la protección del Parque Nacional de Doñana.
La Junta de Andalucía se dará cita con la Comisión Europea el próximo 3 de mayo en Bruselas. Acudirán representantes del gobierno andaluz, aún por decidir, que se verán con representantes responsables del gabinete del comisario europeo de Medioambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius.
Sobre la mesa, la polémica proposición deley de regadíos, firmada por Partido Popular y Vox, y que supone un peligro para el Parque Nacional de Doñana, reserva de la biosfera. Esta ley, que se tramitará por vía de urgencia a pesar de la grave sequía que estamos sufriendo, supone acabar con losya reducidos y deteriorado humedalesdel parque.
El encuentro llega después de que la Comisión Europea insistiera en que puede exigir a España, si fuera necesario, la protección del Parque Nacional de Doñana.
Y es que llevan meses recordando que nos enfrentaríamos a sanciones económicas en caso de que se produzca una "violación flagrante" de las directrices europeas. "Si es necesario, la Comisión podría tomar más medidas para asegurar que España cumpla las reglas", ha advertido Tim McPhie, el portavoz de Medio Ambiente en Bruselas.
La propia Comisión ha advertido a España de los efectos "adversos" para el ecosistema del humedal del parque que implica la ampliación de regadíos que impulsa la Junta, desoyendo además las advertencias del Gobierno y de Bruselas. Desde Europa, se ha preguntado a la Junta cómo están tan seguros de que la ley no va a dañar los recursos hídricos.
La situación no es nueva en Europa
No es la primera vez que desde Bruselas muestran preocupación por la situación de Doñana. En 2021, el Tribunal Europeo de Justicia ya condenó a España por no poner coto al robo de agua en Doñana.
El Gobierno central teme que esta multa pueda ser ahora millonaria. "Una multa coercitiva supone que cada trimestre, España debe abonar a las instituciones europeas una cantidad importante. ¿Eso quién lo va a abonar, el señor Moreno Bonilla de su bolsillo?", se preguntó ayer en Al Rojo Vivo la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.