Un juzgado investiga tres contratos de mascarillas por los que el Gobierno de Canarias pagó 23 millones de euros

El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía, por supuestos delitos contra la Hacienda Pública, contra cuatro personas. Las diligencias, relacionadas con la compra venta de mascarillas durante la pandemia, se dan poco después de que el ministerio público denunciara este martes un posible caso de malversación por material sanitario en Canarias por 23 millones de euros, en la línea de lo que se está investigando sobre el 'caso Koldo'.

En concreto, la querella está dirigida contra los empresarios Miguel Ángel Ramírez Alonso (presidente de la UD Las Palmas), Lucas Bravo de Laguna Cabrera (exalcalde de Santa Brígida y exconsejero del Cabildo), ⁠Christian Cerpa Espino y ⁠Noel Jammal Fernández. Según el escrito, este último aparece como el administrador único de las dos compañías que están siendo investigadas, Damco Trading Services y Tanoja Services. Con estas entidades, dice el auto, se realizaron tres contratos, a través de la tramitación de urgencia de contratos del Sector Publico, con el Servicio Canario de Salud para suministrar material Sanitario a los hospitales del SCS.

Por este primer acuerdo, Damco percibió en el año 2020 hasta 15.891.610 euros. El auto da detalles asimismo de los otros dos contratos: "En el año 2021, Damco percibió del SCS la cantidad de 2.786.000 euros, y Tanoja Services Sl, la cantidad de 4.230.000 euros por el mismo suministro". Tal y como ha explicado el juez, "Damco proponía al SCS el suministro de materiales [...] Luego se formalizaba el pedido y [...] se hacía al proveedor internacional, cerrando el precio de compra, flete, seguro, costes de aduanas e intervención de calidad".

Sin embargo, según el auto, se utilizó una empresa intermedia llamada Tabaiba, que "carecía de medios materiales y personales propios" y tenía como única finalidad "beneficiar" a M.A.R.A para "lucrarse del suministro de material". Constituida en 2017, el "objeto de esta sociedad -dice el escrito- era el de gestión y dirección de valores representativos de los fondos propios de Sociedades y otras entidades participadas por Tabaiba, y para ello la tenencia y gestión de bienes inmuebles".

Sin embargo, en el auto del juez se constata que en abril de 2020 Tabaiba y Damco "firman un contrato anual prorrogable, que tiene por objeto la realización de gestiones necesarias para conseguir acuerdos de compraventa de productos sanitarios e higiénicos para canarias en exclusiva, por el cual Tabaiba localizaría posibles potenciales clientes para la venta de los lotes de productos, percibiendo como consecuencia de ello el 100% del sobreprecio que Tabaiba obtuviera de los eventuales compradores en cada caso concreto para cada uno de los lotes de productos".

En principio, se imputan delitos fiscales, sin perjuicio de que en el desarrollo de la instrucción puedan apreciarse serios indicios de blanqueo de capitales, corrupción y malversación.