PIDEN PENAS DE PRISIÓN
Juzgan a la cúpula española de Anonymous por bloquear las web del Congreso, de la Junta Electoral Central y de UGT
La Fiscalía solicita penas de cinco años y cuatro meses de prisión para dos de los acusados y de cinco años para el tercero por los delitos de grupo criminal y de daños de cara a la vista oral.
El juzgado de lo penal número 3 de Gijón abre la vista oral contra tres personas del colectivo Anonymous, que la Policía considera la cúpula de esta organización en España, acusadas de un ataque informático para bloquear las web del Congreso, de la Junta Electoral Central y de UGT en mayo de 2011.
La Fiscalía solicita penas de cinco años y cuatro meses de prisión para dos de los acusados y de cinco años para el tercero por los delitos de grupo criminal y de daños de cara a la vista oral. Dicho grupo está constituido por numerosos usuarios informáticos de España y de otros países que, entre otras actividades, organizaban de forma concertada ataques de Denegación de Servicio Distribuido (denominados DDoS).
Dichos ataques consisten en la saturación de un entorno informático o una página web mediante peticiones simultáneas de forma que no tiene capacidad suficiente para responder, se colapsa y queda sin funcionamiento e inaccesible para los usuarios.
En su escrito de conclusiones la Fiscalía sostiene que, con motivo de las elecciones locales y autonómicas del 22 de mayo de 2011, el colectivo Anonymous preparó dos de estos ataques con la finalidad de entorpecer el proceso electoral.
De esta forma, y bajo el nombre de operación 'Spanish Revolution', organizaron un ataque contra el entorno informático de la Junta Electoral Central, residente en el Congreso de los Diputados, contra la página web del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) y contra la de la Cámara Baja.
Este ataque afectó de forma importante al normal funcionamiento de los servicios de correo electrónico y a la página web de la Junta Electoral obstaculizando los trámites previos al proceso electoral de forma que sus buzones de correo recibieron en dos días casi 350.000 mensajes, lo que colapsó su funcionamiento.
Además de la petición de condena, el Ministerio Público solicita una multa de 5.600 para los dos primeros acusados y de 4.200 para el tercero además del pago de las costas procesales de una indemnización de 700 euros, más los intereses, al Congreso.