La Fiscalía Anticorrupción pide archivar la causa contra Francisco Camps por las obras de la Fórmula 1

La Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha solicitado el sobreseimiento por prescripción de la causa por la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en Valencia, en la que se encuentra procesado el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, según consta en el escrito.

El ministerio público considera que la posible prevaricación en la que basaba su acusación, en caso de ser constitutiva de delito, estaría prescrita.

En el escrito, el fiscal anticorrupción destaca que en la documentación obtenida en una de las empresas adjudicatarias se encontraron actas de reuniones de trabajo celebradas "con anterioridad a la firma de los contratos".

Sin embargo, expone que el informe emitido por la Intervención de la Generalitat sostiene que "no se ha especificado por el juzgado motivo o hecho causante del posible perjuicio económico para la Generalitat" en estas adjudicaciones".

Este órgano de control señala que no dispone de "criterio técnico" para valorar que los importes de los presupuestos base de licitación y los precios de contratos analizados "sean adecuados al mercado en el momento en que se licitaron".

Por tanto, la Intervención "se ha limitado a comprobar la regularidad de los pagos y su contabilización en el ente correspondiente", sin que "en ningún caso, al no existir informe elaborado por peritos ingenieros se ponga en cuestión si la obra ha sido realizada, si hubo sobrecostes en la misma, si se desvió dinero para otras finalidades, si eran ajustadas técnicamente las modificaciones".

De este modo, el informe concluye que no existe "perjuicio económico alguno evaluable". "Como tampoco lo hace el auto de procedimiento abreviado, en el que no se observa una cuantificación de los fondos presuntamente malversados", entre otras razones, porque "como indica la Intervención no se les ha proporcionado ni facturas ni los justificantes de pago".

Por tanto, el fiscal anticorrupción concluye que no dispone "de elementos de prueba suficientes que permitan calificar los hechos, al menos a nivel de indicios, como un delito continuado de malversación de caudales públicos".