La Fiscalía investiga cerca de 400 residencias por posibles negligencias durante la pandemia

El número de residencias sobre las que la Fiscalía ha abierto una investigación por su gestión durante lacrisis del coronavirus no deja de aumentar: la cifra se acerca a las 400 investigaciones (374), 100 de las cuales sonsolo en Madridy Barcelona.

Ante la crítica situación, muchas personas con familiares en estos centros han comenzado a organizarse en asociaciones y recurrir ante la justicia.

Familiares unidos para pedir justicia

Ángel, cuya madre falleció en una residencia, cuenta a laSexta su caso particular, y explica que ya en la primera semana supo que el médico del centro en el que vivía su madre estaba contagiado, de baja, y sólo se ocupaban de los mayores dos enfermeras.

Él se ha unido a una de las asociaciones que planea presentar un recurso en los juzgados. Quieren que sus casos no caigan en el olvido: "Pedimos justicia de homenaje a los que se han ido en el más completo silencio".

Lo cierto es que lo ocurrido en las residencias de la tercera edad, con miles de fallecidos, está provocando en los últimos días un torrente de causas judiciales para pedir que se investiguen las responsabilidades.

Tal y como explica Alberto Ruiz, socio de Cremades & Calvo-Sotelo, esta responsabilidad podría ser penal, "si efectivamente hay una actuación dolosa", o administrativa, "siempre que las instalaciones fueran de una titularidad pública".

La dificultad de las investigaciones

Los expertos consideran que habrá que analizar caso a caso y que será más fácil la vía civil, donde se puede conseguir una indemnización, que la vía penal, porque es difícil demostrar que la imprudencia fue grave.

Mediante el primer sistema se han presentado ya un total de 211 denuncias y por la vía penal 163. Los juzgado además estudian una veintena de casos. En las investigaciones en cada centro se tendrá que analizar si las residencias no tenían medios o si teniendo los medios no se actuó de manera proporcionada.

Además, también hay que tener en cuenta que se podría dirigir la acción judicial contra las administraciones: la autonómica o incluso la estatal al ser mando único, en aquellas residencias públicas o con concierto.