ORDEN DE MAZA
La Fiscalía ordena investigar a los alcaldes del referéndum del 1-O y, en caso de que no colaboren, detenerles
La Fiscalía General del Estado ha pedido a los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona que abran diligencias respecto a una lista de alcaldes catalanes de los que se ha tenido conocimiento que estarían colaborando en la preparación del referéndum del 1-O.
En el caso de que no comparezcan cuando sean citados por los fiscales, se ordena a los Mossos que lleven a cabo su detención, según reza el oficio dictado por el fiscal general José Manuel Maza, que señala que las diligencias deben comenzar por los municipios implicados con mayor población.
El oficio de 5 páginas firmado por Maza se refiere concretamente a la relación de municipios que apareció publicada en la web de la Asociación de Municipios por la Independencia y al hecho de que, paralelamente, el Govern continúe con los preparativos del "referéndum ilegal".
En este punto cita la carta firmada por el presidente y el vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, "querellados por estos hechos en otro procedimiento ante el Tribunal de Justicia de Cataluña".
Maza ordena a los fiscales territoriales incoar diligencias de investigación en relación con cada uno de los ayuntamientos que aparecen en dicho listado y que se cite al alcalde por medio de la Policía Judicial "para que en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal declare en calidad de investigado y asistido de letrado".
En el caso de que el alcalde citado no comparezca, la orden señala que los fiscales deberán "acordar su detención y presentación en Fiscalía, oficiando a los Mossos d'Esquadra como Policía Judicial para que la lleven a efecto en el plazo más breve posible".
Para Maza, la notoriedad de la prohibición de "los actos de organización del ilegal referéndum de autodeterminación" hace que cualquier conducta de las autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores dirigida a tal fin sea indiciariamente constitutiva de "al menos" los delitos de desobediencia y prevaricación "en cuanto supondría la adopción de resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico", ambos penados con multa e inhabilitación especial, y también del de malversación de fondos públicos.
Este último, según advierte Maza en su escrito está penado con hasta 8 años de cárcel e inhabilitación absoluta por hasta 20 años "en cuanto supondría la disposición de fondos públicos para la realización de actividades delictivas".