POR VALOR DE 771 MILLONES
La Guardia Civil implica al exministro Josep Piqué en el amaño de un contrato de la Ciudad de la Justicia
La UCO ha hallado una serie de correos entre Piqué, por entonces vicepresidente de OHL, y otros directivos de la constructora, que apuntan al posible amaño en la adjudicación de un contrato multimillonario.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha encontrado, al analizar documentos del 'caso Púnica', indicios de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Ciudad de la Justicia de Madrid en las que estaría implicado el exministro Josep Piqué, según informa la 'Cadena SER'.
En concreto, los agentes han hallado una serie de correos electrónicos que apuntan al posible amaño de un contrato para la construcción y explotación de la Ciudad de la Justicia, con valor de 771 millones de euros.
OHL y Acciona se presentaron conjuntamente a aquel concurso en el año 2015, cuando Piqué era vicepresidente de la primera. Los correos intercambiados con otros altos cargos de la empresa constructora, entre ellos el exconsejero Javier López Madrid, reflejarían un amaño para lograr la concesión de ese contrato.
En los emails se habla de "gestiones al más alto nivel" con Ignacio González, por entonces presidente de la Comunidad de Madrid, para que este mediara en su favor e incluso se menciona un "conducto extraoficial" usado para hacer llegar información a la Mesa de Contratación que les beneficiaba.
Para la UCO, según recoge 'La SER', esos correos pueden ser indicativos "de posibles intentos de manipulación de la adjudicación". Por su parte, el que fuera ministro con José María Aznar ha negado que pretendiera amañar el contrato, según recoge este mismo medio.
La Mesa de Contratación finalmente propuso que la concesión fuera para la unión temporal de empresas formada por OHL y Acciona, pero Cristina Cifuentes relevó a González al frente de la Comunidad antes de que se llevara a cabo la adjudicación, que después quedó en suspenso, una decisión que ha sido impugnada por ambas empresas ante el Tribunal Supremo.