Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, investigados por cinco contratos por valor de 132 millones de euros

Según fuentes de la investigación de la trama Leire Díez a laSexta, la exsocialista, Antxon Alonso, exsocio de Santos Cerdán, y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, están investigados por cinco contratos en los que se habrían producido adjudicaciones amañadas. En ellas, los tres se habrían repartido comisiones ilegales.

Según estas fuentes, los contratos que se investigan son cinco por valor 132 millones de euros y que se habrían dado en el periodo 2021-2023. Así, teniendo en cuenta adjudicador y adjudicatario, se tratarían de Mercasa a Servinabar, Sepides a Forestalia, Enusa a Residuos de Melilla, SEPI a Tubos Reunidos y Parque Empresarial del Principado de Asturias a la empresa de derribos Erri Berri.

Díez, Alonso y Fernández tenían además un grupo de WhatsApp llamado 'Hirurok', que traducido del euskera viene a significar 'los tres' o 'los tres juntos'. En dicho grupo y en diversos correos electrónicos se han intervenido comunicaciones sobre sus actividades presuntamente ilegales.

Los tres han prestado declaración ante el juez Antonio Piña en la Audiencia Nacional, tras la que han quedado en libertad con medidas cautelares después de su detención el pasado miércoles.

En libertad con medidas cautelares

Tras su visita por sede judicial, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido únicamente que se les retirase el pasaporte, la prohibición de salir del país y que se les impongan comparecencias quincenales en el juzgado. Los tres están investigados por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Díez y Alonso se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez Antonio Piña. El motivo que han dado es que no saben de qué se les acusa al estar la causa secreta.

El expresidente de la SEPI sí ha prestado declaración y ha respondido a todas las partes. En sus palabras, Fernández ha reconocido que trabajó en Sevinabar y ha negado los amaños.

Díez ya declaró el 17 de noviembre ante el juez. En su testimonio confirmó que mantuvo dos reuniones con Cerdán pero que todo fue como periodista. Indicó que no tiene vínculo alguno con el PSOE y negó haber ofrecido favores.

Hizo además un repaso a su vida laboral, indicando que en 2018 entró en Enusa y que estuvo allí hasta que en 2021 se fue con una excedencia voluntaria a Correos. Ambas compañías dependen de la SEPI.

Según el juez Arturo Zamarriego, la exsocialista "lidera una actuación delictiva, continuada y coordinada" con el objetivo de "recabar información comprometida o irregular para anular o malbaratar casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".

Por su parte, Fernández llegó a la presidencia de la SEPI por decisión del Gobierno en 2018. Dimitió en 2019 por su imputación en el caso Aznalcóllar, que le llevó al banquillo por supuesto amaño de concurso internacional para la adjudicación de la mina. Fue absuelto en 2025.

Su nombre aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo sobre la información tributaria de Servinabar. Se detalla que recibió de la empresa un total de 68.632 euros en 2021 y de 33.251 en 2023. Consta de que en 2022 se le retuvieron 40.800 euros.

Antxon Alonso, administrador único de Servinabar, afronta su segunda imputación después de que el Supremo le investigue por la pieza del caso Koldo vinculada a la presunta trama de amaños de obra pública. Prestó declaración el 8 de julio, y negó el pago de mordidas a cambio de adjudicaciones. Reconoció pagos a Koldo García por su intervención como comisionista de proyectos de construcción privados anteriores a 2017.

Alonso, que se desvinculó de Cerdán, quitó validez al contrato privado de compraventa que halló la Guardia Civil y en el que consta que Cerdán adquirió por 6.000 euros el 45% de Servinabar, que se hizo con obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.

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