A ESPERA DE ESTE MARTES
Los letrados del Congreso avalan sancionar a la diputada del PP Ana Vázquez tras el show del gas pimienta
¿Y ahora qué? Este martes será el turno de la Mesa de la Cámara Baja para decidir ese procedimiento sancionador. Dada la mayoría progresista de este órgano, se espera que así sea.
"El spray ya lo había vaciado precisamente hace unos días". Así es como negó la diputada del Partido Popular (PP), Ana Belén Vázquez, que el bote de gas pimienta que llevó al hemiciclo del Congreso de los Diputados la semana pasada estuviera lleno. Ahora, los letrados han avalado este lunes la posibilidad de sancionar a la diputada.
Una decisión que tomará este martes la Mesa de la Cámara Baja, teniendo en cuenta el informe que acredita que varias personas se vieron afectadas en otra zona de las instalaciones tras haber limpiado el spray. En concreto, decidirá si abre un procedimiento sancionador a la diputada tras recibir este documento jurídico que afirma que el spray de gas pimienta que llevó a la cámara es un arma y que el reglamento permite que sea suspendida de forma temporal.
De hecho, la Secretaría General de la Cámara ha remitido ya a la Mesa su informe sobre lo ocurrido y reconoce que no tiene constancia de que nunca, desde la aprobación del Reglamento del Congreso en 1982, se haya aplicado el artículo 101, que regula la suspensión de un diputado por portar armas dentro del recinto parlamentario.
Según apuntan fuentes parlamentarias, la suspensión podría ser por unos días y, por tanto, tener consecuencias económicas.
En el informe se recuerda que Vázquez fue llamada al orden, en virtud del artículo 101 del Reglamento del Congreso, para que abandonase el hemiciclo y depositase el spray ante la Policía durante el pleno de la pasada semana. En su informe, los letrados señalan que corresponde al máximo órgano de Gobierno del Congreso, la Mesa, valorar si concurren las circunstancias para iniciar el procedimiento de suspensión que el Reglamento vincula a su conducta.
Tras considerar que los sprays como el empleado por la diputada popular "no pueden sino ser considerados como un arma" a los efectos del Reglamento del Congreso, recuerdan que en el citado artículo se establece el cauce para poder acordar la suspensión temporal en la condición de diputado o diputada como consecuencia de diversas conductas, entre las que se incluye la de portar armas dentro del recinto parlamentario.
Si se termina proponiendo la suspensión de Vázquez, apuntan, se deberán respetar todas las exigencias que la jurisprudencia ha ido desarrollando en el ámbito de la disciplina parlamentaria, en particular la proporcionalidad y la necesidad de motivación.
Decidiría el pleno en sesión secreta
El procedimiento requiere, en este supuesto, que la Mesa de la Cámara formule una propuesta de suspensión que deberá ser sometida a la consideración y decisión del pleno en sesión secreta, tras un debate en el que solo los portavoces de cada grupo parlamentario podrán intervenir, señala el informe. Antes se deberá dar a la diputada la posibilidad de formular alegaciones durante un tiempo razonable. Es previsible, dada la mayoría progresista de la Mesa, que se acuerde el inicio del procedimiento para sancionar a la diputada.
Los hechos sobre los que se pronunciará la Mesa tuvieron lugar el pasado miércoles. Durante la sesión de control al Gobierno, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pidió a Vázquez que abandonara el hemiciclo por enseñar un "arma", un espray de gas pimienta, durante su pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Varias dependencias de la Cámara fueron precintadas posteriormente y una veintena de personas resultaron afectadas por el gas tóxico después de que un asesor del grupo 'popular' limpiara el spray en dos baños de uno de los edificios de ampliación del Congreso.
Según el informe emitido por la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara, a lo largo de la jornada el gabinete médico del Congreso atendió a doce personas que podrían haberse visto afectadas por el gas.
La concesionaria del servicio de restauración del Congreso ha estimado en 800 euros el valor de la comida que se quedó en la cocina que tuvo que ser clausurada y que hubo que desechar.