La ley trans divide al Gobierno: Irene Montero asegura que no cederá ante un "recorte de derechos"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció este lunes que el PSOE acaba de comunicarle que mantendrá sus enmiendas a la 'Ley Trans', destinadas a que los menores transexuales de entre 12 y 15 años necesiten premiso judicial para cambiar de sexo. Lo hizo en una entrevista en TVE recogida por Servimedia. "El Partido Socialista nos acaba de comunicar que no quiere un acuerdo e irá con sus enmiendas vivas" a la tramitación de la norma", reveló, alertando de que el PSOE y el PP pueden sumar sus votos para "intentar imponer un recorte de derechos", en particular a los menores trans.

Montero, que afirmó que "la posición del Gobierno" es la recogida en la ley, aludiendo a que así salió del Consejo de Ministros aunque los socialistas ahora pretendan modificar el texto, se declaró "preocupada" y reconoció que ambos socios de gobierno están "en un momento difícil de la tramitación". No obstante, dejó caer que "tenemos unas horas por delante para tratar de reconducir la situación". "Estamos a tiempo de intentarlo y voy a intentar que así ocurra", añadió al final, tras insistir en que en su opinión, "el Estado tiene una deuda pendiente con las personas trans".

No obstante, el PSOE "no da por cerrado ningún proceso de negociación" y asegura que "mantiene" sus enmiendas al texto porque aún está en trámite parlamentario. Así lo trasladan fuentes del PSOE después de las palabras de la ministra. En el PSOE responden que las enmiendas las mantienen "dentro de lo que todavía es el trabajo parlamentario de cualquier texto legislativo" y recuerdan que, como ya han dicho "en anteriores ocasiones", "la seguridad jurídica de la ley y su blindaje respecto a los más que previsibles recursos al Tribunal Constitucional del Partido Popular y la ultraderecha, son el objetivo del PSOE en esta fase".

"La ley va a ir al Constitucional. Queremos un texto con la mayor de las garantías jurídicas, siempre pensando en el interés supremo del menor", han declarado a laSexta fuentes socialistas, que insisten en discutir "en profundidad y llegar a acuerdos". La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que su partido se plantará en la cuestión de la autodeterminación porque es una medida que "busca la seguridad jurídica de los menores". No obstante, las mismas fuentes han advertido de que, al tiempo que ellos quieren "ser exquisitos con esta ley, por lo que ha pasado con la ley del 'solo sí y sí'", no ven que la otra parte del Gobierno "tenga disposición a llegar a un punto de encuentro".

Por su parte, fuentes del Ministerio de Igualdad trasladan a laSexta que la propuesta de Justicia es insuficiente. Desde la cartera de la formación morada ven "imprescindible" que el texto incluya la posibilidad de que la víctimas de trata que sean identificadas y estén en situación administrativa irregular puedan acceder a un permiso de residencia y laboral, así como a atención social integral sin necesidad de colaboración policial o denuncia.

También se ha pronunciado sobre ello la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien se ha posicionado "clarísimamente a favor de los derivos de las personas trans". "Es un acuerdo y compromiso de Gobierno. Necesitamos sacar esta ley adelante por las personas trans", ha defendido, apostando además por hacerlo con "prontitud".

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sí que se muestra optimista: "Habrá acuerdo, habrá acuerdo". Zapatero cree que "la distancia" entre ambas partes del Gobierno de coalición "no es muy grande".

La posición de ambos partidos en esta materia ha generado un fuerte rechazo de los actores sociales involucrados en esta cuestión. Así lo ha denunciado a través de redes sociales Carla Antonelli, primera mujer trans diputada en España: "¿Por qué nos habéis abandonado? Los derechos humanos de las personas trans están siendo utilizados como cortina humo frente a otras normas. El PSOE se mantiene en las nuevas enmiendas que recortan aún más la dignidad de un colectivo vapuleado. Dolor y vergüenza ya ajena".

Un debate eternamente polémico

Después de un fuerte debate interno sobre si discutir o no el derecho a la autodeterminación de género, el pasado 31 de octubre el PSOE presentó sus enmiendas a la ley promovida por Igualdad, sin poner en duda aquélla en general pero sí en lo que respecta a los adolescentes de más de 12 años y menos de 16. El texto que salió del Consejo de Ministros el pasado mes de junio establecía que los menores de entre 16 y 18 años podrán acudir al Registro Civil a cambiar libremente su nombre y sexo; un trámite para el que requerirán de la autorización de sus progenitores quienes tengan entre 14 y 16 años, mientras que para quienes tienen entre 12 y 14 años se requerirá un expediente de jurisdicción voluntaria.

Por debajo de los 12 años, únicamente se podrá cambiar el nombre en el DNI. Sin embargo, los socialistas plantean que "toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo". El matiz lo incluyen para los menores de esa edad y mayores de 12, quienes "podrán solicitar la autorización judicial para la modificación registral del sexo"; esta enmienda del PSOE representa una enmienda a la totalidad al compromiso que adquirió en su momento de enmendar la ley, pero sin tocar la cuestión de la autodeterminación de género.

De hecho, la autodeterminación de género fue una cuestión que en su día acordaron Irene Montero y la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y que no se modificó en la ley, ni en su aprobación en primera ni en segunda vuelta en el Consejo de Ministros. Sin embargo, las presiones del llamado feminismo clásico y de algunas históricas socialistas pertenecientes a esta corriente de pensamiento, encabezadas por la propia Calvo, a la sazón presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados -órgano que tramitará el texto- parecen haber sido el desencadenante de este cambio de postura en el PSOE. En el caso de las personas con discapacidad, podrán solicitar el cambio de sexo "con las medidas de apoyo que en su caso precisen".

El PSOE también pretende que la norma sea más dura en lo concerniente a la reversibilidad, un aspecto en el que buscan que, en caso de un segundo cambio de sexo, se requiera "aprobación judicial". Los socialistas, por otra parte, siempre han mostrado reticencias a equiparar la violencia intragénero con la violencia machista. Finalmente, han resuelto la discusión introduciendo en sus enmiendas el término "violencia en el ámbito familiar".

El PSOE contempla una serie de enmiendas que buscan la protección de las personas mayores LGTBI

Además, el PSOE incorpora una serie de enmiendas en el ámbito rural, entre las que destaca la concerniente al "sexilio", un concepto que se refiere al "abandono de las personas lgtbi de su lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminación o violencia". Con el fin de determinar el número exacto de personas que migran por cuestión de su orientación sexual, los socialistas ven necesario crear, en el plazo de un año, el Consejo de Participación de las Personas Lgtbi para recabar estos datos.

En función de la información obtenida, se contemplará el "sexilio" como causa de despoblación en el marco de las políticas contra este fenómeno auspiciadas por el Gobierno. Por otro lado, el PSOE contempla una serie de enmiendas que buscan la protección de las personas mayores Lgtbi, obligan a las empresas de más de 50 personas a contar con un plan de igualdad y un protocolo de actuación en casos de acoso o violencia y contemplan la promoción de la integración sociolaboral de las personas trans, especialmente de las mujeres trans.

Otras proponen medidas para evitar situaciones de sinhogarismo entre personas del colectivo Lgtbi, ofrecen recursos sociolaborales y de atención psicológica para las mujeres trans en situación de prostitución, instan a contar con protocolos de atención ginecológica para mujeres lesbianas y bisexuales, prevén mecanismos para evitar la discriminación en procesos de adopción o acogimiento familiar, promueven el asociacionismo juvenil como herramienta de inclusión, incentivan el turismo inclusivo y Lgtbi y facilitan la creación de programas de información en el ámbito educativo.