Cuestión prejudicial
Llarena pregunta a la justicia europea si Bélgica puede impedir la entrega de Puigdemont a España
El juez del Tribunal Supremo prevé reactivar la euroorden contra el expresident catalán y el resto de dirigentes independentistas en el momento en que reciba la notificación del Parlamento europeo de que han perdido la inmunidad.
El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del procés, Pablo Llarena, ha preguntado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si Bélgica puede bloquear la entrega delexpresident Carles Puigdemont y del resto de dirigentes independentistas en el país.
Lo hace después de que el Parlamento Europeo haya votado a favor de retirar la inmunidad de los dirigentes que son también eurodiputados: Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Esta cuestión prejudicial no es baladí, ya que Bélgica ya se opuso a entregar al exconseller Lluis Puig, considerando que el Supremo no era el órgano competente para solicitar la extradición.
Así, Llarena quiere que el TJUE se pronuncie sobre las posibilidades de esta euroorden y de las razones para su denegación. Una vez obtenga la respuesta del máximo órgano europeo, decidirá si mantiene, retira o emite nuevas euroórdenes respecto a Lluis Puig, Carles Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Marta Rovira, contra quienes se sigue procedimiento por delitos de sedición, malversación de caudales públicos o desobediencia.
Según indican fuentes jurídicas a laSexta, en cuanto tenga la comunicación del Parlamento europeo comunicará a la Justicia belga que se reactivan las órdenes de detención y entrega, de tal manera que se inicien todos los procesos.
El antecedente de Puig
El 7 de agosto de 2020 un juzgado de Primera Instancia de Bruselas denegó la entrega de Lluis Puig. La resolución fue confirmada el pasado 7 de enero por la Sala de Acusación del Tribunal de Apelación de Bruselas.
Los jueces belgas denegaron la entrega de Lluis Puig al Tribunal Supremo porque entienden que el órgano competente para instruir la causa no es el Supremo sino el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y porque su entrega pondría en peligro derechos fundamentales del reclamado, como el de la presunción de inocencia.