Los ERTEs afectan ya a casi 300.000 empresas y a dos millones de trabajadores

Las consejerías de las distintas comunidades autónomas han registrado un total de 299.455 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que afectan a cerca de 1,6 millones de trabajadores, hasta este lunes, 30 de marzo, como consecuencia del cierre de negocios y establecimientos en todo el país para contener la propagación del coronavirus.

Así se desprende de los datos ofrecidos por las distintas autoridades laborales del país, que arrojan un aumento de más del 38% --o 440.000 personas más-- respecto del pasado jueves, cuando las consejerías habían recibido 160.657 expedientes que afectaban a 1,15 millones de trabajadores.

Hasta el momento, Cataluña es la comunidad donde más ERTE se han tramitado de todo el país, con cerca de 70.000 expedientes que afectan a casi 530.000 personas. No obstante, los datos provisionales todavía no son comparables por comunidades, ya que solo reflejan la agilidad a la hora de tramitarlos por las administraciones públicas y no los realmente presentados por las empresas.

Cataluña es, de momento, la más afectada con 70.000 ERTEs

En segundo lugar, se posicionan Madrid y la Comunidad Valenciana, ambas con unos 170.000 trabajadores afectados con alrededor de 30.000 ERTE tramitados. Las cifras también son altas en Andalucía, con 146.000 personas despedidas temporalmente; en Galicia, con 140.200; en País Vasco, con 133.000; y en Castilla y León, con 121.800 afectados.

También hay otras comunidades que no han dado aún la cifra de trabajadores pero sí la de expedientes recibidos, como Murcia, donde el número de ERTE presentados hasta este lunes es de 11.580, casi el doble que hace cuatro días. No obstante, Comisiones Obreras estima, en esta Comunidad, que los despidos temporales tendrán una afectación total de 150.000 trabajadores durante toda la extensión de esta crisis

Las consejerías encargadas de tramitar estos expedientes se encuentran actualmente desbordadas, después de que el Gobierno decidiese flexibilizar su tramitación para que el cierre de establecimientos tenga la menor afectación en el empleo, una vez los casos de contagios comiencen a remitir y la actividad pueda volver a la normalidad.