Pedro Sánchez deberá nombrar un nuevo fiscal general del Estado tras el cese de Sánchez Melgar

Según establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el mandato del fiscal general del Estado tendrá una duración de cuatro años y solo podrá dejar su puesto en cinco supuestos, entre ellos, cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto. Desde hoy Julián Sánchez Melgar ejerce como fiscal general del Estado en funciones a la espera de que Sánchez designe a su sucesor, toda vez que se antoja improbable que el líder del Ejecutivo mantenga en su puesto a un fiscal nombrado por Mariano Rajoy.

Fuentes próximas a Melgar han explicado que el fiscal general, quien se encuentra hoy en Valladolid, ha recibido la noticia con normalidad y sin que le causara sorpresa alguna, pues el panorama político se despejó y, con él, su futuro al frente de la Fiscalía General del Estado. Apenas seis meses en el cargo. Previsiblemente retorne como magistrado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde se instruye la causa por el "procés" independentista en Cataluña.

Se da la circunstancia de que el propio Melgar asumió la dirección de la acusación en ese proceso al ser nombrado fiscal general en diciembre de 2017 tras la muerte de su antecesor, José Manuel Maza. De hecho este será el principal asunto que deberá manejar el próximo fiscal general, cuya llegada coincidirá probablemente con la la confirmación del procesamiento de los principales investigados y la posterior apertura del juicio oral. Al margen de esta cuestión, Pedro Sánchez, quien apenas ha profundizado en su programa de Gobierno, sí tiene claro que una de sus prioridades será la de derogar parte sustancial de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la "ley Mordaza", ya que cuenta con los apoyos parlamentarios para ello.

En concreto, el próximo presidente del Ejecutivo quiere acabar con aquellos artículos que permiten la expulsión de extranjeros en la frontera "de forma arbitraria" (las conocidas como devoluciones en caliente) y con los que "limitan desproporcionadamente" los derechos de reunión, manifestación y la libertad de expresión y libertad de información. Esta reforma está ya en trámite en el Congreso de los Diputados mediante dos proposiciones de ley, una del PNV y otra del propio grupo socialista. Otra materia que está sobre la mesa es la posible reforma del Código Penal en varios sentidos.

Por un lado, la derogación de la prisión permanente revisable, una iniciativa impulsada por el PSOE, entre otras fuerzas políticas, frente a la posición del PP y de Ciudadanos, partidarios de endurecerla. Y, por otro, el nuevo Ejecutivo debe decidir si mantiene los trabajos para la revisión de los delitos sexuales encomendada por el ministro de Justicia saliente, Rafael Catalá, tras la polémica desatada por la sentencia de la Manada. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado conlleva el cumplimiento de otra de las "patatas calientes" con las que ha tenido que lidiar el anterior Ejecutivo: la subida de sueldo de los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

El nuevo Gobierno, no obstante, tendrá que decidir si mantiene esa apuesta en las cuentas de los próximos ejercicios, dado que la equiparación salarial de esos cuerpos con los Mossos d'Esquadra está prevista en tres años. Desde la oposición, los socialistas defendieron siempre esa equiparación. Quien asuma la cartera de Justicia se encontrará con una huelga de jueces y fiscales recién llevada a cabo y un conjunto de demandas sobre la mesa en materia de retribuciones, pero también de defensa de la independencia judicial. Y quien se encargue de Interior deberá decidir si acepta la petición que hoy ha hecho el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez: que su primera medida sea la retirada de la Medalla de Plata al Mérito Policial a Antonio González Pacheco, conocido como "Billy el Niño".