UTILIZABAN TESTAFERROS PARA EVITAR EMBARGOS

Luis Bárcenas, Francisco Correa o Mario Conde copan el mapa de las mansiones de la corrupción en España

Mansiones valoradas en millones de euros han sido embargadas por la Justicia a causa de los grandes casos de corrupción que implican a algunos de los nombres más sonados del panorama nacional. Es el caso de Luis Bárcenas, Mario Conde o Francisco Correa, a quien ya han embargado hasta 55 inmuebles para hacer frente a los 85 millones de fianza por la trama Gürtel.

Las caras más visibles de la corrupción en España poseían grandes propiedades a través de testaferros o empresas para evitar que fueran embargadas. Tras pasar por los juzgados y ante las penas impuestas por la Justicia, no les ha quedado más remedio que hacerlas florecer.

Eso sí, nadie les prohíbe disfrutarlas. Por ejemplo, Francisco Correa tiene un total de 55 inmuebles embargados en Ibiza, Cádiz o Marbella, desde lujosos chalets, pisos y garajes, hasta embarcaderos.

Otro clásico del lujo es el extesorero Luis Bárcenas. Él y su mujer son propietarios de una vivienda en Baqueira Beret, donde se les ha visto descansar, y otra en la exclusiva urbanización de Guadalmina, en Marbella. Ambas propiedades se encuentran embargadas para hacer frente a las responsabilidades civiles que se les piden.

Mario Conde fue más rápido. Vendió parte de sus propiedades en Mallorca, Ciudad Real o Sevilla para evitar el embargo durante años. Pero finalmente, la Audiencia Nacional las reclamó para poder responder a sus deudas con la Justicia.

También lo intentó una de las ranas de Esperanza Aguirre. Francisco Granados, dueño de un proyecto de mansión en Valdemoro, y de una finca en Ávila. Ambas propiedades estaban a nombres de empresas relacionadas con la corrupción urbanística.

Los que sí han usado estos inmuebles para rebajar condenas han sido, por ejemplo, José Antonio Roca. Una web a cargo de la junta de Andalucía, permite comprar estas fincas en Marbella y Murcia.

También Jaume Matas, que tras la venta de su palacete en Mallorca, consiguió rebajar en más de 800.000 euros parte de las sanciones que la Justicia le ha impuesto.

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