Consejo de Ministros
Luz verde a la ley de paridad: cuotas y claves de la nueva medida del Gobierno
El objetivo de esta medida es dar el primer paso hacia la igualdad en la composición de las grandes empresas, gobiernos y listas electorales. Una norma que incluye la obligatoriedad de las llamadas 'listas cremallera'.
El Consejo de Ministros da luz verde a la ley de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión, también conocida como ley de paridad, en una semana cargada de actos conmemorativos por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo.
"Si la mujer representa la mitad de la sociedad, el poder político y el poder económico tienen que ser también de las mujeres". Con estas palabras el presidente del Gobierno Pedro Sánchez defendía hace unos días la importancia de aprobar este anteproyecto de ley.
Una medida que aseguró que supone "un paso más" para situar a España "a la vanguardia del conjunto de Europa" en materia de igualdad, recalcando que esta iniciativa no solo se hace "en "favor del feminismo", sino del "conjunto de toda la sociedad".
La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño e Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno han sido las encargadas de explicar en rueda de prensa las claves del anteproyecto de ley que ha sido aprobado.
"Significa que la representación de la sociedad debe estar en todos los lugares", ha explicado Isabel Rodríguez. "Ha sido una legislatura de avances. De las más de 1.000 normas aprobadas en Consejo de Ministros, el 25% ha tenido un impacto positivo en las mujeres", ha añadido.
Claves y cuotas de esta medida
El objetivo que pretenden conseguir con la aprobación de esta nueva medida es dar el primer paso hacia la igualdad en la composición de las grandes empresas, gobiernos y listas electorales. Para ello, este anteproyecto de ley recoge una serie de requisitos:
- Establecer una cuota de mujeres para órganos de Gobierno como el Consejo de Ministros y otros espacios de toma de decisiones como la dirección de grandes empresas, que deberán garantizar un mínimo de 40% de mujeres entre sus componentes antes del 1 de julio de 2024.
- Estarán obligadas a cumplir con este porcentaje todas las empresa cotizadas o entidades de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de volumen de negocio anual. En este caso, contarán con un plazo adicional hasta el 26 de julio de 2024.
- También deberán cumplir con esta cuota las juntas de gobiernos de los colegios profesionales y los jurados que concedan premios financiados con dinero público.
- Obligatoriedad de las listas electorales cremallera, que integren a hombres y mujeres con una alternancia total.
"Con este anteproyecto de ley pasamos de las recomendaciones a establecer obligaciones que permitan consolidar una igualdad efectiva política y económica", ha indicado Nadia Calviño.
De esta forma, la futura ley de paridad conllevará la modificación de otras leyes que están ya en vigor como la del régimen electoral general, la ley de Gobierno o la ley de colegios profesionales, entre otras. Una medida que pretende dar un paso más hacia la igualdad entre hombres y mujeres.
Reacción de la oposición
Desde que Pedro Sánchez anunció esta nueva medida, la oposición mostró su rechazo. Desde Vox, la portavoz adjunta del partido en el Congreso, Inés Cañizares, tildó la norma de "propaganda sectaria" y la rechazó porque, en sus palabras, el Gobierno no puede dar "muchas lecciones por el buen trato a las mujeres".
Por su parte, la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, defendió la meritocracia como forma de llegar a los puestos de decisión, considerando que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no se consigue con cuotas sino con políticas eficaces y eficientes.
Por otro lado, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, admitió que la paridad le "gusta" y es una normativa que va por el "buen camino", pero instó a Pedro Sánchez, a ser "consecuente" y aplicársela en Moncloa, dado que de él depende el organigrama "más machista".
Además, criticó que el jefe del Ejecutivo presente la ley de paridad como una novedad cuando, según informó, es "una directiva europea que impulsó el Partido Popular Europeo (PPE)" y que ahora deben trasponer los Estados.