Madrid 2016 confirma una 'donación' de 120.000 euros a Urdangarin para promover la candidatura olímpica

Así se desprende de la investigación abierta la semana pasada por el juez del caso Nóos, José Castro, quien ordenó una serie de registros e interrogatorios llevados en Madrid, cuyo contenido -al que ha tenido acceso Efe- ha sido conocido hoy al levantarse el secreto sumarial.

El juez tomó declaración en calidad de imputados a la ex consejera delegada de Madrid 2016, Mercedes Coghen; al ex director general de esta fundación Miguel de la Villa Polo,  al ex director financiero Gerardo Corral Cuadrado, además de a siete testigos.

Esta investigación tiene origen en un escrito enviado a la Fiscalía General del Estado por el delegado del área de Gobierno de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid, Fernando Villalonga, quien alertó de estos hechos que se investigan dentro del caso Nóos de presunta corrupción, cuyos principales imputados son Urdangarin y su exsocio Diego Torres.

Según la documentación recibida por el Ministerio Fiscal, la fundación heredera del Instituto Nóos "fue beneficiada cuando menos", según el juez, entre el 31 de octubre de 2007 al 24 de noviembre de 2009 con la donación de 120.000 euros en 16 partidas de 6.000 euros y otras dos de 12.000, en el marco de un convenio suscrito con el consistorio mediante la Fundación Madrid 2016.

El juez Castro explica que del escrito remitido por Villalonga se desprende "que no existe constancia de que la fundación Deporte, Cultura e Integración Social haya prestado servicios que justifiquen el cobro de las cantidades citadas", además "con independencia de la inexistencia de un expediente que acreditara tal contratación".

El juez destaca en su auto que la memoria de este convenio estaba fechada el 2 de diciembre de 2011, más de dos años después de haber finalizado su vigencia (octubre de 2009) y 25 días después de los registros practicados en el marco de la operación Babel (origen del caso Nóos) el 7 de noviembre de 2011.

Por ello, el juez considera que estos hechos entran dentro de la investigación que lleva a cabo en la pieza separada número 25 del caso Palma Arena, relativa a un supuesto desvío de dinero público a favor del Instituto Nóos y de otras fundaciones herederas de éste supuestamente creadas por Urdangarin y Torres.

El magistrado tomó declaración la semana pasada en Madrid a diez personas, entre ellos el denunciante, diplomático de carrera que en el momento de los hechos investigados era responsable del Área de Turismo y Deporte de Madrid. Villalonga ratificó ante el juez los hechos denunciados y afirmó que la entonces concejal de Deportes, Patricia Lázaro, quien también testificó ante el juez, le "alarmó porque, aunque los convenios de colaboración son usuales en la Administración, en este caso existían unas facturas que parecían no corresponderse a ningún servicio prestado".

El denunciante indicó que aunque han "buscado exhaustivamente en los archivos de la Fundación Madrid 2016, ya extinta, si existe algún tipo de trabajo o servicio que justifique esas facturas", no han encontrado nada. "Es la primera vez en mi vida que he visto transferencias dinerarias en calidad de donaciones, a pesar de que llevo muchos años en la Administración", afirmó Villalonga, quien también ostentó el cargo de conseller de Deportes, Cultura y Educación de la Generalitat Valenciana en el año 1995.

También declaró, en este caso como imputada, la ex consejera delegada de Madrid 16, Mercedes Coghen, quien afirmó que en abril de 2007 recibió una llamada de Urdangarin diciéndole que "tenía una fundación que podría colaborar activamente con Madrid 16 en la búsqueda del 'leitmotiv' de la Fundación Madrid 16 para su candidatura de los Juegos Olímpicos".

Mantuvo luego una reunión con Urdangarin y Torres, entre otros, en la que le ofrecieron "asesoramiento en la búsqueda del mensaje estratégico de la ciudad de Madrid", por un lado, y promocionar la candidatura, por otro, gracias a "los contactos que tenían de "personas relevantes dentro de la empresa, del deporte e incluso del COI (Comité Olímpico Internacional)".

El convenio entre Madrid 16 y la fundación vinculada a Urdangarin también tenía, en teoría, como objetivos impulsar la utilización del deporte como herramienta de integración social de colectivos desfavorecidos, según expone el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach en un escrito contenido en el sumario.