Tras el recurso del Gobierno regional
La Audiencia Nacional suspende de forma cautelarísima las nuevas restricciones al ocio nocturno en Madrid
El tribunal ha concedido las medidas cautelarísimas que solicitó el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en su recurso contra las medidas aprobadas en el último Consejo Interterritorial.
La Audiencia Nacional ha concedido a la Comunidad de Madrid las medidas cautelarísimas que solicitó contra las restricciones al ocio nocturno aprobadas en el Consejo Interterritorial de Salud la semana pasada. De esta forma, la Sala de lo Contencioso-administrativo suspende su ejecución en la región, después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso presentase un recurso contra ellas este mismo lunes.
En su auto, el tribunal justifica su decisión aduciendo que, ante el conflicto de dos intereses públicos, el que alega Madrid "está más necesitado de protección cautelar urgente" y da tres días a la Administración General del Estado para presentar alegaciones y tramitar la pieza de medidas cautelares.
Además, los magistrados inciden en el riesgo de generar incertidumbre y de menoscabar los intereses de los afectados por imponer restricciones distintas a las ya existentes en la región. Si no se adoptara la medida cautelarísima, apuntan, "el escenario de incertidumbre se vería seriamente agravado y perjudicado si se admite un cambio en el nivel de restricciones". "Se generarían así tres niveles distintos de restricción en un lapso temporal breve, lo que no es fácilmente justificable para el ciudadano", reza el escrito.
De acuerdo con el nuevo Plan de Actuaciones Coordinadas contra el coronavirus, que contó con el voto mayoritario, pero no unánime, de las comunidades autónomas (hasta cinco votaron en contra), los territorios que se encuentren en el nivel 3 del 'semáforo' COVID, como la Comunidad de Madrid, deben cerrar el interior de la hostelería. Además, deben sus locales de ocio nocturno deben permanecer clausurados.
Dos medidas que Madrid ha rechazado tajantemente. La propia presidenta en funciones había tildado las restricciones de "arbitrarias", aseverando que "atentan contra el sentido común e interés de los madrileños":
Por su parte, Fernando Simón se ha pronunciado al respecto este mismo lunes, asegurando en rueda de prensa que "el Ministerio ha tratado siempre de mantener una postura negociadora" y que su única intención es "conseguir la mayor seguridad mientras no tengamos la población suficiente inmunizada".
En este contexto, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha señalado que "si algunas medidas no se pueden aplicar por motivos judiciales, se buscarán alternativas". "Lo que sí es importante es entender que la postura judicial a veces no coincide con la postura de Sanidad. Si conseguimos consenso, no se judicializará", ha añadido.
Un plan que ha provocado la rebeldía de varias CCAA
La Comunidad de Madrid fue la primera en advertir de que no seguiría las pautas de Sanidad, pero no la única. Andalucía, Euskadi y Castilla y León también confirmaron el pasado viernes que irían por libre a la hora de aplicar la actualización, mientras que desde la Xunta de Galicia, el presidente Alberto Núñez Feijóo, aseguró que "no procede tratar la pandemia con amenazas", en referencia a las declaraciones de la ministra Carolina Darias, que insistía en la "obligatoriedad" del nuevo plan.
En este sentido, la región andaluza, representada por su portavoz, Elías Bendodo, ha pedido que se rectifique y se busque un nuevo marco de restricciones. En el País Vasco, en cambio, el lehendakari Iñigo Urkullu ha sido más contundente: "Tenemos nuestra propia hoja de ruta", advertía pocas horas después de que se aprobara la orden.
Desde Madrid, por su parte, han insistido en la falta de "proporcionalidad" jurídica de las medidas, y lanzan: "Entendemos que nos parece que es un fraude usar el Consejo para imponer medidas a las CCAA, que son las que tienen las competencias. Esto es una intervención, y nos parece que no es idónea ni proporcional a la situación actual".
Así de contundente fue el viceconsejero de Sanidad de la región, Antonio Zapatero, que ya el pasado viernes adelantaba de que los servicios jurídicos madrileños "tomarían las medidas pertinentes". Ahora, con este nuevo recurso, esperan la anulación del plan por parte de la Audiencia Nacional, debido a que, según Zapatero, no se sienten "vinculados".