Malestar de Sumar y otros socios del Gobierno con la propuesta de ley sobre la acusación popular

Los socios del PSOE en el Ejecutivo central no parecen acompañarles en su última propuesta de reforma de la acusación popular. En concreto, su socio de Gobierno, Sumar, y Junts, que han rechazado frontalmente la propuesta.

El PSOE registró este pasado viernes en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley orgánica con el objetivo de acabar con las "acciones judiciales abusivas". Esta reforma no solo pretende modificar la figura de la acusación popular, sino también introducir cambios en otros aspectos del sistema jurídico español que resultan innovadores a nivel europeo.

A tenor de las reacciones a esta iniciativa, que entran dentro del objetivo socialista de mejorar el sistema democrático español, no parece que vaya a tener muchos apoyos, al menos de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, que han expresado a laSexta su desacuerdo e incluso malestar por la medida.

El que más enfado ha mostrado ha sido Sumar, que ha calificado de "incomprensible" que el PSOE pretenda acabar con la acusación popular. Desde Sumar consideran que esta acción fue "un gran avance en materia de justicia que nos trajo la democracia y que ha permitido la eficaz persecución de los delitos de corrupción y de múltiples violaciones de los derechos humanos en los innumerables casos en los que las instituciones del Estado han renunciado a perseguirlos". Todavía más allá, lo de Yolanda Díaz creen que "eliminar en la práctica la figura de la acusación popular es cargarse al mensajero" y que no es esa la forma de "acabar con el lawfare".

También Junts ha rechazado la propuesta registrada por el PSOE, que consideran "insuficiente y que no aborda el problema de fondo", motivo por el que confirman a laSexta que presentarán una enmienda a la totalidad y un texto alternativo.

Algo más comedido ha sido Bildu, quien advierte que en un primer análisis les "chirrían algunas cosas" de la reforma, pero antes tienen que ver el texto en profundidad y, en todo caso, confían en que se pueda llegar a un acuerdo.

El resto de apoyos del Gobierno, ERC y PNV, aún no han querido opinar al respecto; los independentistas catalanes han apuntado que piensan estudiar la medida este lunes antes de fijar su posición.

Por su parte, Podemos ve "ineficaz la propuesta del PSOE contra el lawfare" y han avisado de que excluir a las administraciones públicas de la acusación popular "puede poner en peligro su personación en casos de violencia machista, como recoge la ley". Además, consideran que para acabar con las filtraciones debería "delimitarse el poder de los jueces en la fase de instrucción".

La reforma

Una de las principales modificaciones propuestas por el PSOE es limitar la presencia de la acusación popular, restringiéndola exclusivamente a la fase oral de los juicios. La proposición del PSOE, a la que tuvo acceso laSexta, contempla la "obligación de inadmitir querellas basadas en recortes de prensa". Actualmente, esta figura está presente a lo largo de todo el proceso judicial, lo que genera preocupación por posibles filtraciones de información sensible. Además, la reforma plantea que solo los ciudadanos y entidades no vinculados a partidos políticos o asociaciones puedan ejercer esta acusación, con el fin de evitar la instrumentalización política de los casos judiciales.

En cuanto a la acusación popular, la reforma se distancia de las legislaciones europeas, ya que en la mayoría de los países del continente esta figura no existe en la misma forma. En el resto de Europa, solo las víctimas o la Fiscalía pueden presentar denuncias. España sería uno de los pocos países con un sistema de acusación popular "pura", que permite a cualquier ciudadano o entidad presentar una denuncia sobre un caso.

Los otros apartados que han presentado recogen la "supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos" y la "abstención y recusación de jueces por declaraciones de contenido político".