La reunión entre el Gobierno y el PP para desbloquear el Poder Judicial termina sin acuerdo y complica aún más su renovación

Termina sin acuerdo la reunión que han mantenido este lunes Esteba González Pons y Félix Bolaños para abordar la propuesta de renovación del CGPJ enviada horas antes por el Partido Popular. El vicesecretario de Institucional y el ministro de Presidencia se han reunido en el despacho del propio titular del Gobierno. En concreto, González Pons ha ofrecido al Ejecutivo de Sánchez abordar las propuestas del partido en el trámite de enmiendas de la ley planteada por el Gobierno. Sin embargo, la respuesta ha sido negativa. Para el PP, la aprobación de esta reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial que devuelve competencias al CGPJ de forma parcial es "una línea roja" que el Ejecutivo no debería cruzar y que hace "imposible" llegar a acuerdos con el Gobierno en el ámbito de la Justicia.

"El bloqueo al que aboca esta decisión se debe a las preferencias de Pedro Sánchez, que prefiere un Tribunal Constitucional del gusto de ERC que un pacto por la Justicia alcanzado con el PP", han denunciado desde la formación popular. Unas palabras que han obtenido respuesta por parte del Gobierno. "El líder del PP ha cambiado, pero Feijoo y Casado tienen la misma voluntad de bloqueo de las instituciones democráticas y del órgano de gobierno de los jueces", han denunciado, añadiendo que Bolaños "ha trasladado una vez más al PP la necesidad de que cumpla la Constitución y la ley y el CGPJ se renueve cuanto antes".

Sin embargo, para el Ejecutivo, "el PP sigue poniendo excusas para no hacerlo", destacando que, "en esta ocasión, exigen la retirada de una proposición de Ley, en tramitación en el Congreso, que busca garantizar la renovación del Tribunal Constitucional". Y han detallado "dos hechos": "Varias de las propuestas que incluye el documento del PP ya habían sido acordadas con la anterior dirección del PP en negociaciones pasadas, por lo que buena parte del camino estaría avanzado para que la renovación del CGPJ se produzca sin demora". Por otro lado, continúan, "la proposición de ley, cuya retirada el PP exige, también fue acordada con la dirección anterior del PP en el marco del acuerdo de renovación del TC, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo que se produjo en octubre de 2021.

"No es admisible ninguna excusa más por parte del PP para no acometer la renovación del CGPJ inmediatamente. El cumplimiento de la Constitución no se negocia. El Partido Popular debe cumplir la Constitución y la ley y no causar daño a las instituciones democráticas y a uno de los poderes del Estado", han denunciado desde el Gobierno. Entre las medidas que recoge la propuesta del PP -que, según los populares, emanan de las asociaciones de jueces y fiscales–, el partido pedía apostar por "perfiles de mayor prestigio y los menos vinculados a partidos políticos" para la renovación del CGPJ, que la elección del presidente de este órgano se haga "sin pactos previos ni indicación de cualquier tipo", regular las "puertas giratorias" en la Justicia y, por último, que el órgano de gobierno de los jueces proponga una reforma del modelo de elección de los vocales en un plazo de seis meses desde su futura renovación.

"Es un pacto en el que las dos partes cederán. La situación durante estos tres años ha alcanzado tal grado de deterioro que, si ahora simplemente se cambiaran los vocales con un pacto secreto entre el PP y el PSOE, se produciría renovación, pero la independencia de los órganos judiciales quedaría todavía más cuestionada", reflexionó González Pons sobre su planteamiento. No obstante, la propuesta contaba con una "línea roja" que se ve reflejada en el segundo de sus principios, que dice que "la reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos cuando está en funciones debe derogarse íntegramente y no sólo en lo que respecta al TC". Es decir, que la proposición de ley que este jueves se votará en el Congreso de los Diputados no sólo devuelva las competencias de elección de magistrados en lo que referido al Constitucional, sino también al Tribunal Supremo, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y las audiencias provinciales; o bien sea retirada.