Purga en Vox
Las maniobras de Abascal para deshacerse de Antelo en Murcia: de forzar su dimisión a expulsarle del grupo parlamentario
El contexto Todo empezó con la dirección nacional del partido de extrema derecha forzando la dimisión en bloque del Comité Ejecutivo Provincial para provocar su salida.
Resumen IA supervisado
La purga interna en Vox continúa con la expulsión de José Ángel Antelo del grupo parlamentario en Murcia. Según Rubén Martínez Alpañez, portavoz adjunto, se le pidió a Antelo que dejara su cargo, pero se negó. La mayoría del grupo votó su expulsión, y el miércoles fue apartado del partido. Antelo denunció que su firma digital fue usada sin consentimiento para tramitar su cese, algo que Vox niega. Antelo ha iniciado acciones legales por la presunta falsificación. El conflicto se suma a las tensiones internas en Vox, reflejadas también en la situación de Ortega Smith en Madrid.
* Resumen supervisado por periodistas.
Parece que la purga iniciada dentro de Vox continúa, este miércoles, con una nueva sustitución: la de José Ángel Antelo como miembro del grupo parlamentario de ultraderecha. "Se le pidió que dejara la portavocía y el acta, y la única respuesta que hemos obtenido ha sido la negativa", ha explicado el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez.
Según ha explicado, el grupo votó el martes proceder a la expulsión de Antelo. Lo hicieron por mayoría absoluta de los de Vox en Murcia. Y dicho y hecho. Este miércoles, Antelo ha sido eliminado del partido de Abascal. No les han gustado nada las acusaciones de Antelo, que ha denunciado el uso de su firma digital, sin su consentimiento, para tramitar su marcha de la portavocía.
Tal y como han confirmado a laSexta, Vox desmiente totalmente este asunto. No hay falsificación alguna y, por ello, la formación de extrema derecha no ha dudado en expulsarle del grupo parlamentario y en exigir que entregue el acta de diputado.
Además, Antelo también ha movido ficha dejando el asunto en manos de sus abogados, que llevarán a los tribunales la presunta falsificación de su firma en el documento que se presentó para hacer legítimo su cambio como portavoz en Murcia.
La batalla contra Antelo
Esta es otra batalla en la guerra interna de Vox pero, en este caso, el objetivo es el exlíder provincial del partido en Murcia: José Ángel Antelo.
Todo empezó con la dirección nacional del partido ultra forzando la dimisión en bloque del Comité Ejecutivo Provincial, el pasado jueves, para provocar su salida. Pese a ello, Antelo mantuvo la portavocía.
Tras ello, llegó el siguiente paso. Según lo que ha publicado en su perfil de X, denuncia: "Han falsificado mi firma, ver para creer". Se refiere a su firma digital y asegura que el partido liderado por Santiago Abascal la ha utilizado para cesarlo de su cargo de portavoz. Vox en Murcia directamente lo niega y el propio Abascal lo pone en duda. "Me parece muy bien que cada cual defienda sus intereses interponiendo acciones legales. No creo absolutamente nada de lo que dicen que Vox hace este tipo de cosas", ha dicho en un acto de campaña electoral en León
Antelo ya ha advertido, por escrito, del uso fraudulento de sus datos personales. "Ni he registrado escrito alguno ni he autorizado el uso de certificado electrónico" y han paralizado su cese.
Las reacciones no han tardado en aparecer. Por un lado, Ortega Smith publicando en redes sociales un mensaje de solidarid. "¿Increíble? Cosas peores se sabrán…", ha escrito el también purgado dentro de las filas de Vox. Porque él mismo vive una situación bastante similar: Aunque está suspendido de militancia, se mantiene en el puesto de portavoz del partido en Madrid.
Y las rencillas en Vox van a continuar. Antelo ha sido expulsado del grupo parlamentario y tendrá que integrarse en el grupo mixto, aunque ya ha dicho que no tiene intención de hacerlo.
Lo último en este periplo: Antelo inicia acciones legales contra quien "usurpó" su certificado electrónico en el escrito presentado ante la Mesa de la Cámara de la Asamblea para trasladar los cambios en la portavocía del grupo parlamentario.
En declaraciones a Europa Press, Antelo ha indicado que la utilización del certificado digital de otra persona para actuar en su nombre mediante la firma de documentos, la presentación de trámites o el acceso a sedes electrónicas "puede encajar en varios delitos" del Código Penal, como el de usurpación o suplantación de identidad o el de falsedad documental.
Sobre este último, recogido en el artículo 390 y siguientes, ha recordado que conlleva una pena de prisión de 3 a 6 años, multa e inhabilitación.
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