Marjaliza aporta pruebas de otra presunta mordida cobrada por Granados y López Madrid en Púnica

Marjaliza, que ha respondido a las preguntas de todas las partes excepto las de la defensa de Francisco Granados, ha concretado que con este sistema logró adjudicarse más de 1.000 viviendas entre los años 2000 y 2013 en localidades como Parla, Getafe y Valdemoro, esta última epicentro de la trama Púnica. Para ello el empresario tenía contactos en el consorcio urbanístico de cada municipio con quienes hacía los negocios.

Así por ejemplo, y según las fuentes consultadas, ha puesto como ejemplo que en Getafe, aunque en ese momento gobernaba el socialista Pedro Castro, las comisiones las abonó a la representación del PP en dicho consorcio. Igualmente ha explicado al juez instructor de la trama que Castro fue una de las personas a las que le entregó dinero en negro en efectivo.

En Parla llegó a pagar 600.000 euros a "un tal José Luis" que decía ser un intermediario del entonces alcalde, el exlíder del PSM Tomás Gómez. Durante su declaración, que se ha prolongado cerca de tres horas, Marjaliza ha confirmado la información adelantada por el diario 'El País' y que obra en el sumario de la trama, según la cual tanto él como Francisco Granados y el empresario Javier López Madrid, se repartieron una comisión de 3,6 millones de euros por la adjudicación a una empresa de Marjaliza de tres obras de Metro de Madrid.

Se refiere a unos trabajos adjudicados en 2004, cuando Granados era consejero de Transportes en el gobierno madrileño presidido por Esperanza Aguirre en el Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur.

El sistema que utilizaron, según las fuentes presentes en la declaración, fue que López Madrid, como amigo de Granados, le vendió al constructor una de sus empresas, Elsan, vaciándola de patrimonio y de deudas para que resultase la adjudicataria de las obras que ahora se investigan.

Algunos abogados de las defensas han mostrado su queja porque no se les ha permitido preguntar por los motivos de esta declaración, que se produce a petición propia, así como por su nivel de colaboración con la Justicia.

En relación a este punto, el investigado ha intervenido para aclarar que no tiene ningún acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y que su actitud responde a una estrategia de defensa acordada con su letrado.

Preguntado a las puertas de la sede judicial tras su declaración, Marjaliza ha dicho que no se siente amenazado pero sí ha mostrado su preocupación, "cómo es lógico", por su familia. Se refiere a las presuntas amenazas que habría recibido por parte de Granados, el cual, por su parte, le interpuso una querella por vincularle con el narcotráfico.