Medias verdades y mentiras sobre la reforma de la ley del 'solo sí es sí'

El irrefrenable goteo de rebajas de penas y excarcelaciones a violadores y pederastas que ha obligado al PSOE a presentar en solitario la reforma de la ley del 'solo sí es sí', que este martes ha comenzado a ser estudiada por el Congreso, ha sido afrontado por Podemos y el Ministerio de Igualdad con un argumentario que combina la ausencia de una propuesta alternativa, la negación de los datos oficiales facilitados por los tribunales de toda España y la interpretación sesgada de lo que el propio presidente, Pedro Sánchez, definió como "los efectos indeseados" de la nueva legislación.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y sus colaboradoras más directas continúan sin dar crédito a los datos oficiales que el Tribunal Supremo y los 17 Tribunales Superiores de Justicia autonómicos han trasladado al Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que la semana pasada cuantificó un total de 721 rebajas de pena en aplicación de la ley del 'solo sí es sí' y un total de 74 excarcelaciones. La cifra, que de momento es provisional, se irá incrementando en las próximas semanas y la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha avanzado que las reducciones de pena superan ya las 750.

Desde Podemos, sin embargo, se asegura que no han existido excarcelaciones y que las rebajas de pena no son las anunciadas. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, señalaba en 'Canal Sur' que los datos difundidos por el CGPJ son "cero rigurosos" porque "no hablan de sentencias firmes". "Esto es muy grave por parte del Consejo porque nadie puede imputar un delito sin que haya sentencia firme", ha señalado Rosell antes de vaticinar que "muchas" de esas sentencias serán "revocadas" por el Tribunal Supremo porque han sido recurridas por la Fiscalía. "Dar precipitadamente estos datos que ellos mismos no reconocen es una actuación que, supongo, políticamente tendrá un rédito contra la ley, pero jurídicamente no tiene un pase", opina.

Los datos facilitados por el CGPJ, sin embargo, reproducen el conteo que han remitido los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de toda España, como se ha encargado de remarcar la presidenta del Observatorio, que ha pedido a los responsables públicos que dejen de cuestionar las cifras y de atribuir las rebajas al criterio de los jueces en lugar de a la aplicación del principio de retroactividad penal. "Culpar a los jueces es algo muy pernicioso y hace muchísimo daño a la sociedad porque lo que genera es desconfianza en el sistema", ha recalcado Carmona.

Rebajas firmes del 39%

Otro de los argumentos más repetidos en los últimos días por los defensores de la ley del 'solo sí es sí' es que las rebajas de pena afectan únicamente a una de cada cuatro sentencias revisadas. Los datos de las revisiones que son firmes, las analizadas por el Tribunal Supremo, apuntan, sin embargo, que el 39,3 por ciento se ha modificado a la baja. Según fuentes del alto tribunal Supremo consultadas por laSexta, de las 33 resoluciones analizadas por la Sala Segunda, 20 se han dejado como estaban y 13 se han rebajado. De esa forma, un total de 18 delincuentes sexuales han obtenido descuentos en sus condenas gracias a la nueva ley, al haberse pronunciado sobre tres agresiones grupales triples: dos con la participación de tres autores (una en Valencia y otra en Navarra) y otra con la de dos (la relativa a los exfutbolistas de la Arandina). En muchos de los tribunales autonómicos y las audiencias provinciales no se ha facilitado aún un dato definitivo de resoluciones revisadas.

Los datos del CGPJ también apuntan que dos Tribunales Superiores de Justicia autonómicos -los de Castilla y León y Baleares- han anulado sendas rebajas de penas que se habían adoptado en la primera instancia y, en concreto, en las Audiencias de Zamora y Palma. No obstante, otros -como el de Navarra- han actuado en el sentido contario, es decir, rebajando en apelación penas que se habían mantenido en la Audiencia Provincial.

La pretensión de Rosell de informar únicamente de las sentencias firmes llevaría a un apagón informativo que podría prolongarse "durante varios meses o incluso más de un año", según las fuentes jurídicas consultadas, que estiman que esos son los plazos necesarios para que las revisiones que sean recurridas por la Fiscalía, en cumplimiento de la circular dictada en noviembre por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, lleguen a ser resueltas definitivamente por el Tribunal Supremo.

El consentimiento sigue presente

Otro de los mantras difundidos en los últimos días desde Podemos y el Ministerio de Igualdad es que con la reforma de la ley diseñada por el PSOE el consentimiento deja de estar en el centro de la ley. Sin embargo, la proposición de ley de los socialistas da por reproducido el artículo 178.1 del Código Penal sin tocar una coma, por lo que su redacción seguirá exactamente igual que como estaba: "Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Lo que hace la ley es subir las penas mínimas de algunas horquillas, que han sido las que han provocado la mayor parte de las rebajas de penas, como la del tipo básico de agresión sexual. Así, se volverá al tramo de seis a doce años en lugar del fijado con la ley del 'solo sí es sí', que iba de cuatro a doce años. En los supuestos de violaciones (de 2 a 8 años sin penetración y de siete a 15 con ella) se incorporan nuevos subtipos si hay circunstancias agravantes, como la existencia de una agresión grupal o situaciones de violencia extrema, vulnerabilidad, relación de matrimonio o análoga, parentesco, superioridad, uso de armas peligrosas o sumisión química.

En el caso de los menores, también se valoran penas más graves (de 12 a 15 años) en los casos en los que haya violencia, intimidación o sumisión química. El objetivo es acotar mucho más todos los supuestos y evitar la discrecionalidad que podían tener los jueces con horquillas más amplias.

El Código Penal de 'La Manada'

Desde Podemos también se ha repetido en las últimas semanas que la reforma planteada por los socialistas supone una "vuelta al Código Penal de 'La Manada'", en referencia a la violación grupal que una joven de 18 años sufrió en un portal de Pamplona durante los Sanfermines de 2016. El Código Penal de 1995, vigente en el momento en el que se produjeron los hechos, recogía igualmente el consentimiento, pero distinguía entre el abuso sexual, cuando no se había producido violencia, y la agresión sexual, en los que casos en los que sí se registraba.

En una entrevista en RNE, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, 'Pam', ha asegurado que el Supremo determinó en la sentencia de 'La Manada' que "la ausencia de violencia no puede ser motivo suficiente para determinar si hubo una agresión sexual y que lo que importa es el consentimiento". Sin embargo, el alto tribunal elevó la pena a los autores de la violación grupal de 9 a 15 años de cárcel porque sí apreció la existencia de violencia, como quedó probado durante el juicio. La sentencia justificó el incremento de las penas con el argumento de que la violación se desarrolló en un "auténtico escenario intimidatorio, en el que la víctima en ningún momento consiente a los actos sexuales llevados a cabo por los acusados".

Esa referencia al "Código Penal de 'La Manada' también solivianta a una mayoría de jueces y fiscales, que señalan que el de 1995 siempre se ha considerado "el Código Penal de la democracia" y que, entre otras cosas, sirvió para terminar con el carácter semiprivado de los delitos sexuales, hasta entonces solo perseguibles a instancia de las víctimas, reforzar el delito de acoso sexual o fortalecer los derechos de los trabajadores o la lucha contra la corrupción.