La ministra de Igualdad defiende regular la objeción de conciencia de los médicos en los casos de aborto

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que en el plazo de tres meses el Gobierno tendrá un borrador de la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y ha garantizado que se regulará el derecho a la objeción de conciencia de los médicos en contra del criterio de la Ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Para Montero es "urgente" reformar la ley del aborto y ha asegurado que en diciembre habrá un borrador. "Nos reuniremos con entidades organizaciones y vamos poner en el centro el derecho al aborto efectivo para todas las mujeres en la (sanidad) pública y la educación sexual", ha indicado la ministra en una entrevista en la cadena Ser.

La titular de Igualdad ha explicado que en "España hay reconocido un derecho que no se puede hacer efectivo para miles de mujeres con el enorme dolor que supone, lo que representa una violación de los derechos humanos que reconocen todos los organismos internacionales".

Para garantizar el derecho al aborto de las mujeres, Montero ha puesto sobre la mesa la necesidad de regular la objeción de conciencia, como "se hizo con la ley de la eutanasia" y en contra del criterio de la ministra Darias, que la ha descartado. "Claro que hay que regular la objeción de conciencia", ha indicado la ministra de Igualdad quien ha reconocido el derecho individual de los médicos que "hay que proteger", pero ha advertido de que se está convirtiendo "en una práctica para impedir el acceso efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en centros hospitalarios públicos".

Según Montero, tanto el Gobierno como la ministra de Sanidad tienen "claro" que la ley de interrupción del embarazo hay que reformarlas y ha asegurado haber hablado personalmente con el presidente, Pedro Sánchez, sobre el tema. "Si es evidente que la objeción de conciencia está siendo el principal obstáculo por el mal uso, porque se convierte en que departamentos enteros (se nieguen), ya que al final los derechos de las mujeres siempre se ponen en tela de juicio y es una forma de infantilizarlas".

Y, aunque ha asegurado "entender y respetar" que haya "profesionales que no quieran hacer determinadas practicas", debe existir "un registro y un control". "Si miramos los registros de objetores vemos que son poquísimos, y no puede ser algo que tu objetes a un caso concreto, tiene que ser algo que plantees con carácter previo. La objeción de conciencia no se puede convertir en un obstáculo", ha añadido la titular de Igualdad.

Para Montero la práctica de abortos en los hospitales públicos se ve "como un estigma" que "dificulta que muchos profesionales decidan lanzarse a cumplir con un derecho de la mujer".

Rifirrafe en la Asamblea de Madrid

Precisamente, la polémica sobre la falta de asistencia a los abortos en los hospitales públicos ha llegado a la Asamblea madrileña, después de que la Ser haya desvelado que prácticamente no se realizan intervenciones abortivas en los centros públicos de la capital. Según los datos de la citada cadena, en 2019, de 17.000 aborto totales practicados, sólo uno se realizó en un hospital público.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que ella no obligará "a ningún médico de la Sanidad pública madrileña a practicar un aborto contra su conciencia". Ha sido en respuesta a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que además es médico, que le afeaba la situación que viven muchas mujeres en la capital.