Mur, exalto cargo de Ayuso, declara como imputado por los 'protocolos de la vergüenza': es la quinta vez que le citan

Han pasado más de cinco años desde la firma de los 'protocolos de la vergüenza' aprobados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid durante la pandemia de coronavirus y el llamado caso residencias sigue sin resolverse. Este lunes declara ante el juez Carlos Mur, firmante de los citados protocolos y exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid. Lo hará desde Andorra y por videoconferencia. O eso se espera.

Mur ha estado citado hasta en otras cuatro ocasiones para testificar como imputado en diversos juzgados diferentes y nunca se ha presentado. Ahora lo hará ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid. Por tanto, si finalmente habla, será la primera vez que exponga su versión en una causa judicial donde aparece como uno de los investigados.

En las anteriores ocasiones en las que fue citado a presentarse ante el juez, Mur alegó que no había sido informado de las actuaciones, finalmente, el pasado mes de diciembre, el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria pidió realizar su declaración por videoconferencia.

"Pedimos que Mur tire de la manta y cuente lo que sabe sobre lo ocurrido durante la pandemia en las residencias de Madrid", aseveraban desde la asociación Marea de Residencias este pasado viernes a través de un comunicado. "7.291 residentes murieron abandonados sin asistencia sanitaria", denunciaban con una pancarta a las puertas del citado juzgado el pasado 9 de diciembre, cuando declaró Javier Martínez Peromingo, creador de los protocolos.

"Protocolos discriminatorios"

En su relato del 9 de diciembre, Peromingo, sucesor de Mur al frente de la dirección Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid y presunto creador de los 'protocolos de la vergüenza', señalaba que las decisiones tomadas con respetos a los mayores en residencias fueron "discriminatorias" y señalaba directamente a Mur.

Peromingo, que solo contestó al juez, a la Fiscalía y a su abogado, aseguró que avisó a su predecesor de esta discriminación y explicó que la respuesta que recibió era que estaban modelando la reglamentación, algo que les llevó a cambiar el contenido de los protocolos hasta en cuatro ocasiones.

Pero fue Mur, precisamente, el encargado de firmar todas esas versiones en las que se especificaba quién podía ser trasladado a un hospital y quién se quedaba fuera. En mayo de 2020, Mur fue destituido y Peromingo la sustituyó. Desde entonces ambos han decidido señalarse y quitarse la responsabilidad de la muerte de más de 7.000 ancianos.

Mur, Peromingo y Pablo Busca, otros de los exaltos cargos de Ayusi, están investigados por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria en las 474 residencias de mayores que durante la pandemia estaban activas en la Comunidad de Madrid.

A esos centros se enviaron los protocolos de actuación. Llegaron a enviar cuatro versiones diferentes los días 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020. Protocolos con unos criterios de exclusión de derivación hospitalaria y que, según los propios documentos oficiales, desaconsejaban o directamente prohibían la derivación hospitalaria de personas mayores con discapacidad, con demencia o un alto nivel de dependencia.

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