"Nadie sabe nada": los jueces, en vilo esperando una llamada que acabe con la parálisis en el centro de mandos del Poder Judicial

"Nadie sabe nada". Las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) están en ese punto en el que el periodista que pregunta a los candidatos para integrarse en el cada vez más desprestigiado órgano de gobierno de los jueces acaba dando a su interlocutor más información de la que obtiene. "Nos llamamos, hablamos entre nosotros y con los de la asociación, pero a nosotros nadie nos ha dicho oficialmente nada, no estamos todavía en el momento en el que se empiezan a tantear nombres", señala a laSexta uno de los aspirantes a vocal.

El principio de acuerdo escenificado por los partidos tras la reunión este lunes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, es un pequeño soplo de aire fresco para un sector profesional, el de jueces y fiscales, que vive con irritación y hastío el bloqueo que el PP lleva practicando desde hace cuatro años en el centro de mandos del Poder Judicial y la parálisis que el Gobierno provocó cuando, en marzo de 2021, modificó la ley para impedir que el Consejo pudiera realizar nombramientos estando en funciones. "Esta situación es absolutamente insostenible", resume un alto cargo del Supremo.

A pesar del nuevo escenario, los mensajes optimistas que emiten estos días los dos principales partidos políticos para resumir la negociación sin focos que mantienen el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons –"última oportunidad", "solución en cuestión de días"...- son recogidos con mucha cautela en el seno de la Judicatura.

Recuerdan que en 2018 el acuerdo estaba cerrado y filtrado a la prensa, con Manuel Marchena como presidente del Supremo y del CGPJ, y la difusión -intencionada o no- de un whatsapp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se jactaba de que su partido controlaría "la Sala Segunda por detrás" lo voló todo por los aires.

Una lista muy reducida de candidatos

La negociación entre socialistas y populares para armar un nuevo CGPJ cuenta con la ventaja de que las opciones para elegir vocales son muy limitadas, al menos para la elección de los 12 jueces y magistrados que deben consensuar a propuesta de las asociaciones y la carrera judicial. Los elegidos, que tienen que ser nombrados a partes iguales por Congreso y Senado y con mayoría reforzada de tres quintos, tienen que salir de una lista de 51 aspirantes que fue aprobada en 2018 y que se ha ido reduciendo desde entonces por la evolución personal y profesional de sus integrantes.

De hecho, al menos ocho de los aspirantes a ocupar una vocalía en el Consejo ya no podrá hacerlo. Algunos ocupan ahora cargos incompatibles, como Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal Constitucional desde noviembre pasado; Diego Íñiguez, que fue nombrado en octubre de 2021 consejero del Tribunal de Cuentas; o Victoria Rosell, que dirige en la actualidad la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. César José García

Otero, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, falleció en septiembre pasado y otros, como Jesús María Calderón y Lucía Ruano, han alcanzado la jubilación en este tiempo de parálisis.

De esta manera, la lista se ha reducido a 43 jueces y magistrados que fueron elegidos por las principales asociaciones de la carrera o por sus propios compañeros. Entre ellos hay magistrados del Tribunal Supremo como José Antonio Montero, Ángel Arozamena o Inés Huerta; jueces de la Audiencia Nacional como María Tardón, Fernando Andreu o Alejandro Abascal; o presidentas de audiencias provinciales como Isabel Serrano (Guadalajara).

A esos 12 vocales hay que sumar otros ocho juristas de "reconocida competencia", según el literal de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que también serán designados formalmente por Congreso y Senado y que deben tener más de 15 años de experiencia en el ejercicio de su cargo profesional. Y ese es uno de los escollos de la negociación porque existe el temor de que, al tratarse de puestos de libre designación, jueces que no están en la lista original sean incluidos en una cuota que tradicionalmente se suele reservar a abogados, catedráticos y fiscales.

"En el PP tienen miedo de que por esta vía le cuelen a magistrados como José Ricardo de Prada", señala una fuente conocedora de las negociaciones en referencia al juez de la Audiencia Nacional que fue ponente de la sentencia que condenó al Partido Popular como partícipe a título lucrativo de las actividades corruptas de la trama Gürtel y que inició la moción de censura con la que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Elevado desde entonces a bestia negra del principal partido de la oposición, fue vetado expresamente por los conservadores en anteriores procesos de negociación.

El embrollo para sustituir a Lesmes

Mientras persiste el bloqueo, en el Consejo General del Poder Judicial rezan para que el acuerdo político llegue cuanto antes y se evite el choque con el Tribunal Supremo que se vislumbra a cuenta de quién debe sustituir a Lesmes en la agonía del mandato: el presidente saliente ha apuntado al presidente de la Sala Civil del Supremo, Francisco Marín, basándose en un informe de su gabinete técnico que apuntaba que el relevo debía ser automático por ser el presidente más antiguo. Sin embargo, a medida que pasan los días, cada vez son más las voces que en el Supremo y en el Consejo se desmarcan de esa tesis.

"Los miembros del Consejo tienen derecho a elegir a su presidente", apunta a laSexta un magistrado del Supremo. En eso coinciden también los representantes conservadores y progresistas que todavía ocupan un puesto en el Pleno, que estudian cómo salir de la endiablada paradoja de tener que designar a un presidente cuando sus funciones para hacer nombramientos están vetadas como consecuencia del bloqueo. Ellos también miran insistentemente sus teléfonos esperando una llamada que ponga fin a esta situación.