SEGÚN APUNTA LA FISCALÍA
Nóos se benefició de una "desviación de poder" por parte de la Administración
La Fiscalía Anticorrupción, apunta a "una conciencia irrefutable de las desviaciones de poder" en la actuación de las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana única y exclusivamente para beneficiar al Instituto Nóos. Además, cuentan con 20 días para presentar las alegaciones a la petición de la fianza.
Así lo pone de manifiesto el fiscal Pedro Horrach en un pormenorizado escrito de 175 páginas, en el que subraya, respecto a las actuaciones investigadas, que "el ejercicio arbitrario del poder es un elemento decisivo de la actuación prevaricadora", y asevera que los convenios de colaboración suscritos entre ambas Comunidades y Nóos son "fruto de una actividad delictiva predeterminada" así como, incide, de decisiones adoptadas mediante "un ejercicio abusivo de poder".
Todo ello, afirma el fiscal, con la única finalidad de "beneficiar a una determinada entidad", en alusión a Nóos, "al margen de cualquier consideración de utilidad o necesidad pública". Unas consideraciones tras las cuales el escrito incluye un extenso desglose de todas las facturas emitidas en torno a la contratación de los distintos eventos por los que cobró el Instituto.
Tal y como precisa Horrach, los representantes de las Administraciones, en el caso de Baleares bajo el último mandato de Jaume Matas y en el de la Comunidad Valenciana con Francisco Camps como presidente, tomaron decisiones administrativas "arbitrarias e injustas", adoptadas "al margen de cualquier expediente administrativo", puesto que la apertura del preceptivo expediente "hubiera impedido u obstaculizado la consecución de la ilícita finalidad de beneficiar" a Nóos.
De esta forma, los responsables políticos pactaron de forma verbal con los representantes de Nóos la celebración de los congresos denominados Illes Balears Forum y Valencia Summit, que el Instituto comenzó a organizar y desarrollar, según el fiscal, "con anterioridad a la formalización de los propios convenios de colaboración".
El fiscal alude a la utilización "fraudulenta y deliberada" de la figura del convenio "para eludir la aplicación de la Ley de contratos del sector público", puesto que en el caso de las contrataciones investigadas "no podía legalmente utilizarse dicha figura", sino que el hecho de que Nóos participase en la organización de unos congresos y una serie de actividades colaterales a cambio de una contraprestación económica conlleva a que el objeto del acuerdo sea un contrato.
Además, el juez José Castro ha dictado una providencia en la que da 20 días al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y a su exsocio Diego Torres para que sus abogados presenten alegaciones a la petición de fianza civil de casi 8,2 millones de euros formulada por la Fiscalía Anticorrupción por el caso Noós.