El novio de Ayuso demanda a Montero ante el Supremo y pide una indemnización de 40.000 euros

El novio de Isabel Díaz Ayuso ha presentado la demanda que anunció contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por intromisión ilegítima en su derecho al honor. En la demanda, que se presenta ante la Sala Primera del Tribunal Supremo por la condición de aforada de la ministra, González Amador pide a Montero una indemnización de 40.000 euros.

La causa de la demanda son las declaraciones que Montero hizo el 12 de marzo en las que decía que González Amador podría "estar viviendo en un piso que se pagó con un fraude". La demanda se presenta después de que Montero no se presentara el 2 de octubre al acto de conciliación que tuvo lugar en los juzgados.

El acto de conciliación, en el que se ofrece llegar a un acuerdo para evitar la demanda, fue convocado en el Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid y al no comparecer nadie por la parte de Montero, quedó sin efecto, y ahora González Amador ha optado por llevarla al Supremo, al ser la vicepresidenta aforada. La demanda se centra en concreto a las declaraciones realizadas por Montero el 12 marzo y el 3, 23 y 24 octubre de este año, según las fuentes consultadas.

Montero en la sesión de control en el Senado el pasado 12 de marzo, donde dijo que la presidenta madrileña podría "estar viviendo en un piso que se pagó con fraude". La vicepresidenta primera hizo estas declaraciones en referencia a las informaciones periodísticas que avanzaban la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra la pareja de Ayuso por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros y que la presidenta autonómica residía en un piso de un millón de euros que se pagó después de que Hacienda estuviese investigando a su pareja.

La defensa de González Amador anunció entonces varias demandas contra Montero por intromisión al honor y por revelación de secretos tras conocerse algunos de sus datos fiscales, además de otra querella contra la Fiscalía por la nota difundida en la que se informaba del pacto alcanzado con Hacienda en el que reconocía la autoría de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades.