El novio de Ayuso denuncia al Ayuntamiento de Almeida por filtrar el informe de las obras ilegales en su casa

La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha interpuesto una denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por la filtración del expediente municipal sobre las obras ilegales realizadas en su vivienda, donde convive con la presidenta madrileña.

De hecho, Ayuso no ha dudado en salir en su defensa al asegurar que "un ciudadano tiene derecho a defenderse, si una institución revela datos personales, ante la administración que sea". Incluso, sostiene que "se tiene que investigar y se tiene que ver si ha habido un posible delito de falta de custodia de unos datos de carácter personal".

Según se han confirmado a laSexta fuentes del entorno de González Amador, que detallan que la denuncia se dirige contra miembros del organigrama municipal que accedieron a esa información, pero contra nadie en concreto. La denuncia del novio de Ayuso se produce a raíz de la noticia, adelantada a finales de mayo por 'El País' y la 'Cadena SER', de que las obras en la vivienda que ambos comparten se realizaron sin la correspondiente licencia, según determinó la inspección del Ayuntamiento.

El acta de la inspección, llevada a cabo en el piso valorado en más de un millón de euros que González Amador adquirió en 2022 y donde convive la pareja, recogía que no se localizó "título urbanístico habilitante que ampare las obras realizadas, las cuales se encuentran terminadas" y detallaba exactamente los trabajos realizados en la vivienda.

Almeida reconoce una filtración

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este viernes que se ha producido una filtración de los datos de González Amador y ha anunciado que investigará los accesos "indebidos" a la base de datos del Consistorio.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Almeida ha subrayado su respeto al derecho de cualquier persona a presentar la reclamación que considere conveniente y ha asegurado que es "obvio" que se ha producido una filtración de datos que no deberían ser públicos. "Nosotros somos los primeros interesados en esclarecer quién ha accedido indebidamente a las bases de datos del Ayuntamiento de Madrid y ha hecho un uso espurio y posiblemente ilegal de datos", ha aseverado.

Además, ha mostrado su predisposición "total y absoluta" a colaborar en las investigaciones que se puedan abrir y ha manifestado que espera que la persona que haya cometido esta infracción reciba "el castigo legal y jurídico que corresponda".

En su momento, cuando trascendió el resultado de la inspección al piso de González Amador, el primer edil madrileño confirmó que se había realizado una inspección y defendió que el Ayuntamiento había "cumplido" y continuaría con el procedimiento administrativo. "Se va a seguir con los mismos trámites que con cualquier otro ciudadano", sostuvo entonces.

Fueron el PSOE y Más Madrid quienes solicitaron la información, no obstante, niegan haber accedido a ella de forma irregular. El portavoz adjunto de Más Madrid en el ente municipal, Eduardo Rubiño, ha explicado que "lo que busca es disipar la atención con respecto a los chanchullos, a esta permanente espiral de tratos de favor en los que está envuelto el clan Ayuso""

Desde el PP, y a través de su vocal en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha llegado a pedir la dimisión del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que la fiscal superior de la Comunidad de Madrid declarara que le había obligado a publicar una nota de prensa desmintiendo un bulo del jefe de Gabinete de Ayuso: "No tiene otra salida que presentar su dimisión, está absolutamente acorralado", ha sentenciado Gamarra.

La querella por revelación de secretos

Esta no es la primera vez que González Amador emprende acciones legales relacionadas con la aparición de noticias relativas a sus irregularidades en los medios de comunicación. El novio de Ayuso, que está imputado por fraude fiscal y falsedad documental, ya presentó una querella contra la Fiscalía, a la que acusa de revelación de secretos, por una nota de prensa en la que el Ministerio Fiscal desmentía que le hubiera ofrecido un pacto, cuando en realidad fue una iniciativa de su abogado.

Un asunto que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en el que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asumido la responsabilidad por la difusión de ese comunicado, defendiendo que la nota en cuestión "no infringía ningún deber de reserva", sino que buscaba "poner fin a un bulo" y "se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas".