El novio de Ayuso pidió al Supremo acceder a los correos personales del fiscal general del Estado

La defensa de Alberto González Amador presentó el pasado mes de julio un escrito en el que pedía al Tribunal Supremo que reclamase a la compañía Google los emails que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, recibió o envió en su cuenta de correo electrónico personal.

En concreto, solicita aquellos emails que estén en relación con el acuerdo de conformidad propuesto por el novio de Isabel Díaz Ayuso, después de que la Fiscalía lo denunciase por un delito de fraude fiscal y otro de falsedad documental mercantil. Un asunto que terminó con la decisión inédita del alto tribunal de imputar a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos la semana pasada.

Precisamente, este escrito se presenta ante el Tribunal Supremo el pasado 17 de julio. Es decir, tan solo dos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) enviara la exposición razonada contra el fiscal general del Estado al observar la comisión de este delito, a la hora de ordenar la publicación de una nota de prensa en la que se desmentía una información falsa que había difundido el entorno de Ayuso cuando aseguró que había sido el Ministerio Público quien había propuesto un acuerdo a González Amador, y no al revés. Fue este comunicado de la Fiscalía el que llevó al Colegio de Abogados de Madrid y a la misma pareja de Ayuso a querellarse contra García Ortiz al considerar que se estaba dando información confidencial.

En el escrito al que ha tenido acceso laSexta, los abogados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid piden al alto tribunal que acceda a aquellos emails enviados o recibidos entre el 5 y el 18 de marzo de 2024 en esa cuenta personal. Además, especifican su interés en aquellos en cuyo cuerpo "al menos" se incluya el siguiente extracto: "Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública)".

Una especificación que también se contempla a la hora de solicitar los correos enviados y recibidos por las cuentas profesionales, tanto del fiscal general del Estado como de la fiscal provincial, Pilar Rodríguez. En este caso, la defensa solicita al Supremo que pida estas conversaciones a la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid -Madrid Digital-, pues es la encargada de proveer la dirección de correo donde se alojan estos perfiles profesionales.

La defensa de González Amador considera que este extremo es necesario, ya que Rodríguez "manifestó judicialmente que no iba a proceder a aportar los mencionados emails (ni los whatsapps) a través de los que García Ortiz le habría enviado, al menos, versiones de la nota de prensa".

Son estas versiones las que llevaron a los abogados de la pareja de Ayuso a solicitar al alto tribunal a que a su vez pidiese a otro responsable de comunicación de la Fiscalía, los dos documentos que recibió por parte de la directora de comunicación de la Fiscalía, Mar Hedo. Es por ello que en el escrito también se solicita la declaración como investigada de Mar Hedo, es decir, su imputación al ser ella quien recibió los correos en los que se pedía preparar la nota de prensa que distribuyó la Fiscalía de Madrid el 14 de marzo.

La publicación de un comunicado que, no obstante, el Supremo ya consideró que no entraña ningún delito de revelación de secretos. Cuestión que no eximió al alto tribunal de continuar con su investigación sobre el fiscal general del Estado, pero por la filtración de los correos electrónicos que intercambiaron el fiscal de Delitos Económicos Julián Salto con el abogado de González Amador, Carlos Neira. El Supremo quiere saber quién los filtró antes de que la nota de prensa fuese publicada.