EXIGE MEDIDAS QUE ASISTAN A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
La ONU da 90 días a España para cumplir con la ley de Memoria Histórica
Nueva victoria de las víctimas del franquismo. Naciones Unidas le da 90 días al Gobierno español para que empiece a asumir su oblicación de cumplir con la ley de Memoria Histórica. Entre otras cosas, tendrá que proporcionar los medios necesarios y elaborar un plan nacional de búsqueda de las víctimas de la dictadura. Por cierto, se muestran favorables a retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos.
La ONU le da 90 días al Gobierno para plantear un programa de medidas para asistir a las vícitmas del franquismo. El Grupo de trabajo que visitó España el pasado septiembre concluye su investigación con 42 recomendaciones para el ejecutivo, y le recuerda que España está obligada por derecho internacional a asumir su responsabilidad y elaborar una política de estado comprensiva.
Los puntos claves del informe elaborado por la Organización son: primero un Plan Nacional de Busqueda de Desaparecidos, crear una entidad estatal dotada de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros. Elaborar un plan nacional de búsqueda a la mayor brevedad posible.
También la presencia de jueces en las fosas: "Que personen en el momento de la ejecución de las exhumaciones y luego analicen los resultados que las mismas arrojan y actúen de acuerdo con ello".
Y la creación de una Comsión de la Verdad: "La creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura".
Pero el informe va mas allá. La ONU solicita que el Gobierno haga todo lo contrario de lo que ha hecho hasta la fecha. Mientras el ejecutivo de Mariano Rajoy ha eliminado todas las partidas previstas para la Ley de Memoria Histórica, Naciones Unidas solicita recursos para la retirada de los vestigios, simbolos o insignias conmemorativas de la Guerra Civil o del franquismo.
Aunque las recomendaciones de la ONU no son vinculantes, el Gobierno está obligado a contestar y justificar cuales van a ser sus razones para no acatar las recomendaciones.