Ossorio justifica que la Comunidad de Madrid no investigue las muertes por COVID en residencias: "Las familias ya lo han superado"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha sembrado la indignación al justificar que el Gobierno de Ayuso rechace el debate sobre las muertes por COVID en las residencias de la región afirmando que los familiares de los fallecidos "ya lo han superado".

En las residencias madrileñas murieron 6.891 personas mayores en residencias por casos confirmados de COVID y otras 2.095 por casos sospechosos de la enfermedad. Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha vetado dos investigaciones: una comisión de investigación pedida por Más Madrid sobre los fallecimientos y otra comisión de investigación de Vox para determinar cómo se encuentran actualmente los ancianos de las residencias.

Un hecho que el vicepresidente del Gobierno regional ha justificado alegando que los familiares de las víctimas ya han superado el dolor: "Creo que solo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario en esas familias que podrán volver a pensar '¿se podría haber evitado la muerte de mi familiar?'. Creo que las familias ya lo han superado, y volver a esto por interés electoral creo que no es procedente", ha aseverado.

En su cuenta de Twitter Más Madrid ha interpretado estas declaraciones como "una vergüenza para Madrid". "Exigimos su dimisión o cese inmediato, hay 7.291 razones para que no siga en su puesto ni un día más", han lanzado desde el partido liderado en la región por Mónica García.

Políticos y víctimas piden investigarlo

La Comunidad de Madrid estableció durante el momento más crítico de la pandemia una serie de criterios para la hospitalización de residentes que excluían a los mayores en fase terminal y a aquellos con grandes dependencias o demencias avanzadas, según denunció su propio consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.

A las residencias madrileñas se les asignó un geriatra de referencia en un hospital público de su zona, que decidía por teléfono si era posible derivar al paciente al centro hospitalario, teniendo en cuenta para ello sus síntomas, la saturación de las Urgencias y los criterios del protocolo de la Consejería de Sanidad.

Un triaje que, en cambio, no se impuso en las clínicas y hospitales privados, aunque la Consejería ostentaba el mando único también sobre la sanidad de titularidad privada. Así, en el caso de los ancianos con seguro privado, sus cuidadores en las residencias simplemente podían llamar a la aseguradora para pedir una ambulancia.

Desde el Gobierno de Ayuso, sin embargo, siempre han negado cualquier tipo de discriminación. "En contra de lo que piensan, no hemos dejado a nadie atrás, ni a personas mayores ni con discapacidad. Desde la Consejería de Sanidad hemos actuado en todo momento garantizando la asistencia adecuada a todos los madrileños", aseguraba en 2020 el consejero Enrique Ruiz Escudero.

En abril de 2022, el colectivo 'Marea de Residencias' protagonizó una multitudinaria protesta en la plaza de Callao de Madrid con el objetivo de que se investiguen las más de 7.000 muertes.

Por su parte, el exconsejero madrileño de Políticas Sociales Alberto Reyero, de Ciudadanos, considera que los polémicos protocolos covid-19 de derivación de residencias a hospitales fueron "una auténtica aberración, una discriminación absoluta y una vulneración de los derechos fundamentales de las personas mayores". Reyero ha publicado el libro "Morirán de forma indigna", editado por Libros del K.O., sobre las circunstancias en las que murieron miles de mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la covid-19 y sobre las decisiones políticas que se tomaron aquellos días. El título reproduce una frase que le escribió al consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el 22 de marzo de 2020, cuando conoció los protocolos que impedían el acceso a los hospitales a determinadas personas.