La otra presunta estafa que sí denunció el Ayuntamiento de Madrid: 1,25 millones por mascarillas que incumplían la normativa

En pleno escándalo por las desorbitadas comisiones que Luis Medina y Alberto Luceño se embolsaron por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia, sale a la luz otra presunta estafa millonaria, en este caso denunciada por el propio Consistorio.

Fue en marzo de 2020, cuando el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida acordó la compra de un millón de mascarillas FFP2 por 2,5 millones de euros a una consultora neoyorquina, a la que llegó a transferir la mitad del importe, 1,25 millones. Sin embargo, cuando estas llegaron, resultaron no ajustarse a la normativa.

Así consta en un atestado de la Policía Municipal de Madrid que el Ayuntamiento ha remitido a la Fiscalía a raíz de la investigación sobre el 'pelotazo' de Medina y Luceño, en cuyo caso fue el Sepblac quien dio la voz de alarma.

Según el documento, el 23 de marzo de 2020, cuando la primera ola de la pandemia causaba estragos en la capital, el Ayuntamiento aceptó la compra de mascarillas FFP2 a través de la consultora Sinclair and Wilde, radicada en Nueva York. Por ellas, el Ejecutivo madrileño acordó pagar 2.500.000 euros y abonó la mitad del importe total mediante una transferencia bancaria.

Sin embargo, los servicios jurídicos del Ayuntamiento detectaron "determinadas irregularidades" y "se dio orden de reintegro de la cantidad transferida al proveedor". Además, según el atestado, se instó a la consultora a que remitiera los certificados de conformidad de las mascarillas, una petición que se reiteró a la intermediaria en mayo, sin recibir respuesta por parte de Sinclair and Wilde.

De acuerdo con el informe policial, el 4 de mayo se presentó la denuncia: aunque "con apariencias de veracidad", había "indicios suficientes" de que las mascarillas recibidas "no se ajustan a los requisitos técnicos de la normativa española ni europea", por lo que no se podía dotar con ellas al personal de Emergencias. La Policía Municipal comprobó entonces que la documentación que acompañaba a las mascarillas y "la propia configuración" de estas "no se ajustan a lo que marca la legislación vigente".

El intermediario, ilocalizable

Según consta en el escrito, durante agosto y septiembre se intentó contactar con Philippe Haim Solomon, la persona que tuvo relación contractual con el Ayuntamiento para la compra de las mascarillas, sin éxito. En octubre incluso intervino la Policía Metropolitana de Nueva York para intentar localizarle en el domicilio aportado en la factura, pero los agentes concluyeron que no tenía domicilio allí ni relación alguna con las empresas allí ubicadas.

Así, el informe concluye que se ha podido cometer un delito de estafa "debido a que se ha utilizado suficientemente el engaño al Ayuntamiento de Madrid", un delito contra la propiedad industrial por el uso indebido del marcado CE en las mascarillas y otro contra los consumidores y usuarios.

Una presunta estafa al Ayuntamiento que se suma así a la que podrían haber cometido los comisionistas Medina y Luceño, ambos ya imputados.