El CNI admite haber espiado a 18 independentistas con autorización judicial, Aragonés entre ellos

Casi cuatro horas se ha extendido la comparecencia de la directora del CNI, Paz Esteban, en la comisión de secretos oficiales en el Congreso para aclarar el espionaje político y las dudas de partidos independentistas como ERC y Bildu, que exigían respuestas sobre quién lo ordenó. Según ha podido saber laSexta, la máxima responsable del CNI ha admitido haber espiado a 18 independentistas con autorización judicial. Las mismas fuentes revelan a laSexta que a los portavoces les han enseñado el expediente judicial con los nombres de los espiados, entre ellos el exdiputado de la CUP, Carles Riera; el senador de Junts Josep Maria Matamala; y el entorno de Puigdemont, entre ellos el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay.En cuanto a Pere Aragonès, a quien también señalaba las mismas fuentes, desde el Gobierno inciden a laSexta en que "ni se sabe ni se puede saber" si se ha espiado al president de la Generalitat.

Aunque algunos grupos han apuntado a un problema de "cloacas del Estado", la responsable del CNI ha defendido que no ha habido elementos "descontrolados" dentro del propio organismo. El resto de espionajes lo ha atribuido a otras naciones u organismos con capacidad de espionaje. Esteban ha pedido "confianza" en el CNI.

Fuentes presentes en la comisión consideran que la información que se ha conocido hoy debe desclasificarse. Así, apuntan a laSexta, que "todo el mundo debería conocer" una información que definen como "muy grave". "Se confirma el escándalo", han añadido estas mismas fuentes. Explican además que durante su intervención han visto "normal" (ni nerviosa ni tranquila) a la directora del CNI. No obstante, ningún portavoz ha pedido la dimisión de Esteban, que se ha mostrado partidaria a acudir de nuevo a la comisión.

Unas palabras que en principio no parece que hayan sido suficientes para los socios de Gobierno. A su salida, el portavoz de PNV, Aitor Esteban, ha explicado que no va a revelar nada de lo que en la comisión se ha hablado y solo se ha limitado a decir que "queda mucha tela por cortar". Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel rufián ha confesado que "salgo tan intranquilo como demócrata como entré".

En la misma línea que Rufián y Aitor Esteban, desde EH Bildu también han señalado que "persisten muchas incógnitas" y "cosas por aclarar". Su portavoz Mertxe Aizpurua ha insistido en la "importancia" de que se cree una comisión de investigación en el Congreso, destacando lo "insuficiente" de las explicaciones ofrecidas por Paz Esteban.

También tras la comparecencia de la responsable del CNI, el portavoz socialista, Héctor Gómez, ha pedido un voto de confianza para el Gobierno y las instituciones, destacando el "ejercicio de transparencia" que se ha hecho y descartando que se esté en una "fases de ceses".

Desde el principal grupo de la oposición, la portavoz del PP Cuca Gamarra, ha puesto en valor que con la información que se ha dado se demuestra que el CNI "ha actuado conforme a la legalidad vigente y con el respaldo judicial". No obstante, ha añadido que aunque las explicaciones de Esteban son "más que suficientes", ahora es el presidente del Gobierno el que debe pronunciarse.

Altas medidas de seguridad para evitar filtraciones

La comisión de control de gastos reservados, presidida por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, comenzaba a primera hora de la mañana con una gran expectación mediática para aclarar la polémica del espionaje político, que ha afectado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a decenas de líderes independentistas.

Los portavoces de los diez grupos parlamentarios han tenido que dejar sus móviles en unas taquillas bajo llave, debido al estricto secreto que deben guardar sobre los papeles que pueda mostrarle la directora del CNI, que a su llegada evitaba hacer declaraciones a la prensa, ante las preguntas de si temía por su puesto.

La vía judicial, bajo secreto

Paralelamente, hoy se ha conocido la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que en respuesta a la petición de la Fiscalía, ha declarado secreta la investigación sobre la infección con Pegasus de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa para evitar "interferencias" que puedan obstaculizarla.

Con el objetivo de "prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación", el magistrado ha acordado el secreto de las actuaciones por un periodo de un mes. Solo así, dice Calama, "se podrá impedir que el conocimiento del resultado de las diligencias" pueda dar lugar a "interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos".

Al mismo tiempo, el juez ha ofrecido tanto al presidente del Gobierno como a la ministra de Defensa la posibilidad de que se personen en el procedimiento en calidad de perjudicados. Para acordar el secreto, el juez ha tenido en cuenta "la posible existencia de información sensible que puede estar legalmente clasificada, comprometer gravemente la seguridad del Estado, o perjudicar los legítimos intereses de personas ajenas al procedimiento". No obstante, el magistrado precisa que el resultado de la investigación podrá conocerse posteriormente y que de esta manera se evita "cualquier merma del derecho de defensa".

Robles pide que no se especule sin pruebas

En un ejercicio para calmar los ánimos, hoy desde el Gobierno, la ministra de Defensa ha pedido de nuevo no especular sobre quién puede estar detrás del espionaje detectado en el móvil de Sánchez y también en el suyo propio hasta que la Justicia lo investigue, porque sería "frívolo" hacer imputaciones sin pruebas.

"Yo puedo pensar lo que quiera, pero un estado de derecho requiere pruebas. Por lo tanto, no puedo hacer especulaciones, porque no lo sé, ni me toca hacerlo", ha respondido Robles.

No se ha manifestado sin embargo sobre las tensiones relativas a de quién depende la seguridad de los móviles del Gobierno. Sí lo ha hecho esta mañana el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ha hablado de "responsabilidad del Gobierno en su conjunto". Bolaños ha señalado que ha hablado con Robles y le ha trasladado su "apoyo, afecto y solidaridad" y que ambos están trabajando en la misma dirección para esclarecer los hechos.

Después de que este miércolesRobles sugiriese que el cuidado de la ciberseguridad del teléfono móvil de Sánchez no recaía en su departamento y animase a la prensa a "dedicar un minuto" a comprobar quien era el responsable, Bolaños ha tratado de calmar los ánimos al ser preguntado.