Sin peajes en autovías, subvención de un transporte 'ecofriendly' y otras claves de la Ley de Movilidad Sostenible

Un marco legal para peajes por emisiones en ciudades, financiación estatal para el transporte urbano o plazos extendidos para que las empresas desarrollen planes de movilidad sostenible. Son algunas de las claves del anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, cuya tramitación parlamentaria se ha reiniciado este martes tras un año en el cajón debido al adelanto electoral del 23F.

Además de convertir por primera vez la movilidad sostenible en un derecho social, la norma ha vuelto a salir del Consejo de Ministros con objetivos ambiciosos. Un ahorro en gastos de la Administración de 8.000 millones de euros en diez años, pues la norma busca un sistema de transporte sano, digital e innovador, o lograr una cuota del 10% de transporte ferroviario de mercancías en línea con nuestros vecinos europeos, lo cual significa reducir la actual en seis puntos porcentuales.

Esta meta es fruto del acuerdo al que llegó el Gobierno con la Unión Europea el pasado año, por el cual se estableció la no implantación de un sistema de peajes en autovías, a cambio de que España incentivase y apoyase al sector en el uso de trenes para distribuir mercancías, desarrollase autopistas ferroviarias y bonificase los cánones que Adif cobra a los operadores durante 5 años.

Sin embargo, los peajes podrían convertirse en una realidad en grandes y medianas ciudades del país, debido al "marco legal" que la norma otorga a las administraciones locales en relación con sus Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) -actualmente, las urbes de más de 50.000 están obligadas por la Ley de Cambio Climático a delimitarlas-. El pago de una tasa por acceder a este tipo de áreas ya fue planteado desde los consistorios de Valencia y Barcelona, pero precisaban de una norma como la que está por aprobarse.

Toque de atención a las empresas

El tejido empresarial también deberá poner de su parte para lograr las metas del todavía Anteproyecto. Aquellas empresas con centros de trabajo que cuenten con más de 500 trabajadores o de 250 empleados por turno tendrán que desarrollar planes de medidas que potencien la movilidad activa -es decir, acudir al trabajo andando o en bicicleta-, los vehículos eléctricos o el transporte colectivo. Otras de las alternativas que contempla la norma para estas empresas son la flexibilización de los horarios o la posibilidad de teletrabajo.

Este programa de las empresas, que va en consonancia con la Negociación Colectiva Verde del Ministerio de Trabajo, tendrá, además, que ser consensuado con los mismos trabajadores, o en su defecto, con los principales sindicatos que les representan dentro del sector de actividad.

No obstante, aquellos lugares que cuenten con más de un millar de empleados y que se ubiquen en áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes, estarán obligados a incluir puntos en los que se persiga reducir la movilidad en horas punta y promover las bajas emisiones con transportes de este tipo.

Todas ellas, independientemente de su tamaño y ubicación, contarán con un plazo de dos años para el desarrollo de estos planes desde que la norma entre en vigor.

Financiar el transporte 'ecofriendly'

Los ayuntamientos, en cambio, pueden mostrarse algo más aliviados, puesto que el Estado se compromete a instaurar un sistema de financiación para "la red de autobuses, metros, metros ligeros, ferrocarriles y tranvías" de las ciudades que vayan en consonancia con los términos sostenibles de la norma. Esta colaboración económica se realizará en forma de subvención a las administraciones desde el Fondo Estatal para el Sostenimiento de la Movilidad, creado ex profeso.

Esta norma además se acerca a un entendimiento entre el Ministerio y los municipios por la cuestión de los soterramientos en zonas urbanas. De esta manera el Anteproyecto establece que Adif, como administrador de las infraestructuras, cargará con todos los gastos, excepto en los costes de retirar pilares la plataforma, la vía e instalaciones y un máximo del 30% del coste de retirar pilares, muros y losas. No obstante, no lo hará en obras de urbanización, conexiones locales o territoriales con la urbe.

Al convertirse la movilidad sostenible en un nuevo derecho de los españoles, el hito precisa de “coordinación, colaboración y eficacia de las políticas públicas” de las administraciones a todos los niveles en esta materia. Para ello la norma plantea la creación del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible en el que también existirá un espacio para la ciudadanía y los distintos sectores implicados.

Puente espera "consenso" ante la norma

La noticia la ha dado el ministro del ramo, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros. Durante su intervención ante los medios, además, ha señalado que la tramitación se realizará por la vía de urgencia para "ser capaces de cumplir con los plazos" estipulados con Europa. Además, durante este proceso diputados y formaciones podrán presentar enmiendas y cambios en el texto.

"Tenemos que hacer deberes porque no solo depende de ello que en España tengamos una ley de movilidad en vigor, que era tremendamente necesaria, sino también porque de ello dependen nuestros compromisos con la UE que tienen unas consecuencias económicas", ha apuntado en relación a los fondos Next Generation en juego.

Puente espera que esta ley "pueda suscitar un alto grado de consenso", recordando que ya en su tramitación el año pasado se atisbaba la posibilidad de un gran acuerdo y que hubiera muchas fuerzas políticas que se sumaran a su aprobación y, por tanto, "seguir transitando esa senda de diálogo, de la incorporación de las propuestas, para que finalmente cuente con el mayor respaldo posible", ha señalado.