El perito judicial independiente del caso Plus Ultra insiste en el Senado en que las cuentas de la aerolínea "se maquillaron"

Pedro Martín Molina, el perito judicial independiente que evaluó en 2021 las cuentas de la aerolínea Plus Ultra, ha insistido en su comparecencia en el Senado que las cuentas de la compañía "se maquillaron". "Se utilizaron cambios de criterios contables no admitidos por el plan de contabilidad", ha dicho ante la comisión que investiga las presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI.

En sus palabras, el perito ha expuesto también que detectó que "salía dinero a una empresa que no figuraba como proveedora ni era habitual" a una cuenta "en un paraíso fiscal".

Ante ello, Martín Molina ha explicado que dicha transferencia le llamó la atención "sobre todo por el destino", señalando no recordar si era Bermudas o Panamá, al tiempo que ha indicado que de esa cuenta 'offshore' o inscrita en un paraíso fiscal salía a su vez otro envío de dinero a otra cuenta similar pero con una cantidad menor.

Martín Molina, abogado, economista, auditor de cuentas y perito, es el autor del informe que el 7 de octubre de 2021 concluyó que Plus Ultra no cumplía con los requisitos de viabilidad financiera exigidos para recibir la ayuda de 53 millones de euros.

En el Senado, ha afirmado que la SEPI "no tendría que haber concedido" el préstamo de esos 53 millones de euros y ha insistido en que a 31 de diciembre de 2019 la aerolínea "no tenía solvencia ni liquidez".

Además, ha indicado que el crédito de la entidad panameña Panacorp "era privilegiado, no participativo" y, a su juicio, "tenía que haber motivos que no fueran económicos para ese rescate".

Según señaló en su informe de 2021 a instancias del juzgado número 15 de Madrid, el préstamo de Panacorp ascendía a 7,5 millones de dólares (6,3 millones en aquel momento), de los que cuatro se transfirieron a una cuenta en Dominica, considerado un paraíso fiscal.

El perito, en el informe, destacó que la aerolínea no podía disponer de esos fondos para afrontar sus dificultades de liquidez: "Resulta contrario a la lógica económica mantener indisponible una cantidad que no genera rendimientos ni al prestamista ni a Plus Ultra".

Tras archivar la jueza Collazos la causa en enero de 2023, el informe de Pedro Martín Molina forma parte ahora del sumaria del Juez José Luis Calama, que investiga si parte de los 53 millones de euros de préstamo público a Plus Ultra se usaron en una trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

A preguntas del PP en la comisión, Martín Molina ha sugerido algunas anomalías en la instrucción de 2021, como que su intervención no fuera grabada y tuviera que repetirse en una versión con menos preguntas o que, mientras la jueza estaba de vacaciones, el juez sustituto diera permiso para liberar los 34 millones del préstamo a Plus Ultra que permanecían bloqueados por la fiscal.

Ha asegurado también que "ese juicio se tuvo que archivar por no haber solicitado la jueza de instrucción la prueba pertinente".

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