En una votación de infarto
Derrota del Gobierno en el último pleno del año: la derecha económica tumba el impuesto a las energéticas
Los detalles Tanto Aitor Esteban como Miriam Nogueras han confirmado en los pasillos del Congreso que sus formaciones no iban a apoyar esta figura del gravamen porque puede poner en riesgo inversiones en la industria.
Último pleno del año y este 2024 termina exactamente igual a como empezó, con el gobierno de Sánchez teniendo que negociar hasta el último minuto para sacar adelante sus leyes. En este caso, los de Sánchez han sumado otra derrota debido a que el PNV y Junts se han unido al Partido Popular para tumbar el impuesto a las energéticas.
Tanto el portavoz del PNV, Aitor Esteban, como la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, han confirmado en los pasillos del Congreso que sus formaciones no iban a apoyar esta figura del gravamen porque puede poner en riesgo inversiones en la industria energética y, en el caso de los vascos, porque su configuración actual de prestación de carácter no tributario impide a las haciendas forales recaudarla.
Aunque no ha sido todo derrotas. El Gobierno ha conseguido salvar in extremis la medida estrella del ministro Félix Bolaños: la ley de eficiencia de la Justicia. El Congreso ha aprobado definitivamente dicha normativa, tras conseguir levantar el veto del Senado con el apoyo de Podemos, que había amenazado con dejar caer la ley al incluir una enmienda que permitirá agilizar los desahucios en los casos de ocupación.
Con el impuesto de las energéticas derogado, el Gobierno no podrá prorrogarlo como acordó con ERC, Bildu y el BNG porque no se puede prolongar un impuesto que ya no existe. La única salida sería que el Gobierno aprobara un nuevo impuesto que tampoco tendría mucho recorrido porque si lo aprobara el Consejo de Ministros, el Congreso tendría después que votarlo y volverían a unir fuerzas PP, Jutns y PNV.
Una enmienda que ha derogado el gravamen a las grandes energéticas y, por tanto, hace imposible la intención del Ejecutivo central y sus socios de izquierda de prorrogarlo durante el 2025. Se trata de la enmienda número 54, que el pasado martes fue aprobada en el Senado y la planteó el PP. En la iniciativa se puede leer que "se deroga" el gravamen energético.
Es decir, lo que proponen los populares es anular, desde la entrada en vigor de la reforma fiscal, la figura que afecta a grandes compañías como Iberdrola, Repsol, Naturgy, Endesa o Moeve, entre otras, y que este año recaudó más de 1.100 millones. Junts se abstuvo en la votación de todas las enmiendas planteadas por el PP en la Cámara Alta, incluida esta, y el PNV también lo hizo, aunque solo en dicha iniciativa.
Por su parte, el Gobierno había conseguido el apoyo de ERC, EH Bildu y BNG que acordaron este miércoles mantener el gravamen a las energéticas. Para ello el Ejecutivo se comprometía a aprobar el Real Decreto en el último Consejo de Ministros del año con el objetivo de convalidarlo en el Congreso y tramitarlo como Proyecto de Ley para convertirlo en impuesto. Insisten en que "es la única [vía] posible para asegurar su entrada en vigor el 1 de enero de 2025".
Estas mismas formaciones han expresado su malestar asegurando que "consideramos grave que estas dos formaciones se presten a apuntalar y reforzar las estrategias e intereses de la derecha española". "Si esta situación genera algún tipo de inseguridad jurídica o desajuste en las previsiones de las empresas obligadas por el gravamen, es y será responsabilidad de quien da apoyo a esta enmienda: Junts y PNV. El RDL con el gravamen del próximo lunes es el resultado de un acuerdo conocido públicamente desde hace semanas", han concluido en un comunicado.