Podemos pide reformar el Código Penal para impedir que los tipos de terrorismo se apliquen a protestas

El objetivo de esta iniciativa, según explica el grupo confederal en un comunicado, es "garantizar el derecho de protesta" y, para ello, proponen modificar el apartado 2 del artículo 573.1 del Código Penal, que se ocupa de los asuntos relativos a la lucha contra el terrorismo.

El citado punto del Código Penal establece que será un delito de terrorismo "subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo".

A este respecto, Unidos Podemos pide que "no se permita la aplicación de los tipos de terrorismo a protestas ciudadanas fruto del derecho a la libre participación política, de acuerdo con las directivas europeas y la legislación internacional en materia de derechos humanos", como la Directiva Europea UE 2017/541 de marzo de 2017.

Asimismo, defienden la necesidad de modificar el artículo 571 del Código Penal, que señala que se considerarán organizaciones o grupos terroristas aquellas agrupaciones que "tengan por finalidad o por objeto la comisión de alguno de los delitos tipificados" como terrorismo. El objetivo de la PNL es modificar dicho artículo "para vincular en todo caso la actividad de la organización terrorista a la difusión de terror entre la población a través de actos violentos".

En el texto, el grupo parlamentario también propone "proteger el derecho a la reunión pacífica de toda la ciudadanía, como medio legítimo y constitucionalmente protegido para la incidencia política y cumplir la obligación de los poderes públicos de fomentar la participación política".

La iniciativa va firmada, entre otros, por el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y el diputado de En Comú Podem Jaume Moya. En un comunicado, ambos denuncian la "situación de regresión de los derechos fundamentales" y el debilitamiento de "la calidad democrática del Estado" que, a su juicio, se está produciendo en esta situación.

Asimismo, Garzón critica que "las reformas penales en materia de terrorismo pactadas por PP y PSOE" en los últimos años "posibilitan criminalizar un aspecto básico del principio democrático de participación política como es la protesta ciudadana". Por su parte, Moya denuncia que "las reacciones represivas del Gobierno del Partido Popular están fuera de control".

Según la PNL, "al equiparar ejercicios legítimos del derecho de manifestación y de libertad de expresión a actividades violentas de carácter terrorista, estas reformas inhiben la crítica pública y ponen en riesgo el pluralismo político y social tutelado por la legalidad constitucional vigente".

Esta iniciativa llega semanas después de la polémica generada en torno a los autodenominados Comités en Defensa de la República (CDR) y la investigación que se abrió en la Audiencia Nacional contra la presunta cabecilla Tamara C.G, a quien la Fiscalía pidió investigar por delitos de rebelión y terrorismo, y a quien finalmente se le imputó únicamente un delito de desorden público.

En aquel momento, las diferentes fuerzas que integran el grupo confederal cargaron duramente contra la decisión inicial de la Fiscalía de relacionar la actividad de los CDR con delitos de terrorismo, y denunciaron una "estrategia represiva". En esta línea se enmarca la PNL, aunque no hacen mención específica a ese asunto.