HA REGISTRADO UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY
Podemos pide reformar el Código Penal para impedir que los tipos de terrorismo se apliquen a protestas
El grupo parlamentario
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado una proposición no de
ley en el Congreso con la que pide al Gobierno reformar el Código Penal para
evitar que se puedan aplicar los tipos de terrorismo a protestas ciudadanas.
El objetivo de esta
iniciativa, según explica el grupo confederal en un comunicado, es
"garantizar el derecho de protesta" y, para ello, proponen modificar
el apartado 2 del artículo 573.1 del Código Penal, que se ocupa de los asuntos
relativos a la lucha contra el terrorismo.
El citado punto del
Código Penal establece que será un delito de terrorismo "subvertir el
orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento
de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del
Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de
hacerlo".
A este respecto, Unidos
Podemos pide que "no se permita la aplicación de los tipos de terrorismo a
protestas ciudadanas fruto del derecho a la libre participación política, de
acuerdo con las directivas europeas y la legislación internacional en materia
de derechos humanos", como la Directiva Europea UE 2017/541 de marzo de
2017.
Asimismo, defienden la
necesidad de modificar el artículo 571 del Código Penal, que señala que se
considerarán organizaciones o grupos terroristas aquellas agrupaciones que
"tengan por finalidad o por objeto la comisión de alguno de los delitos tipificados"
como terrorismo. El objetivo de la PNL es modificar dicho artículo "para
vincular en todo caso la actividad de la organización terrorista a la difusión
de terror entre la población a través de actos violentos".
En el texto, el grupo
parlamentario también propone "proteger el derecho a la reunión pacífica
de toda la ciudadanía, como medio legítimo y constitucionalmente protegido para
la incidencia política y cumplir la obligación de los poderes públicos de
fomentar la participación política".
La iniciativa va
firmada, entre otros, por el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto
Garzón, y el diputado de En Comú Podem Jaume Moya. En un comunicado, ambos denuncian
la "situación de regresión de los derechos fundamentales" y el
debilitamiento de "la calidad democrática del Estado" que, a su
juicio, se está produciendo en esta situación.
Asimismo, Garzón critica
que "las reformas penales en materia de terrorismo pactadas por PP y
PSOE" en los últimos años "posibilitan criminalizar un aspecto básico
del principio democrático de participación política como es la protesta
ciudadana". Por su parte, Moya denuncia que "las reacciones
represivas del Gobierno del Partido Popular están fuera de control".
Según la PNL, "al
equiparar ejercicios legítimos del derecho de manifestación y de libertad de
expresión a actividades violentas de carácter terrorista, estas reformas
inhiben la crítica pública y ponen en riesgo el pluralismo político y social
tutelado por la legalidad constitucional vigente".
Esta iniciativa llega
semanas después de la polémica generada en torno a los autodenominados Comités
en Defensa de la República (CDR) y la investigación que se abrió en la Audiencia
Nacional contra la presunta cabecilla Tamara C.G, a quien la Fiscalía pidió
investigar por delitos de rebelión y terrorismo, y a quien finalmente se le
imputó únicamente un delito de desorden público.
En aquel momento, las
diferentes fuerzas que integran el grupo confederal cargaron duramente contra
la decisión inicial de la Fiscalía de relacionar la actividad de los CDR con
delitos de terrorismo, y denunciaron una "estrategia represiva". En
esta línea se enmarca la PNL, aunque no hacen mención específica a ese asunto.
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