El popular José Luis Baltar, ante el juez por prevaricación continuada

El expresidente de la Diputación de Orense y del PP en esa provincia, José Luis Baltar, se sentará finalmente en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial, imputado por un delito de prevaricación continuada, después de que un auto judicial, sin posibilidad de recurso alguno, haya rechazado la petición de la defensa de archivar el caso o considerarlo una irregularidad administrativa, y la del PSOE de ampliar los delitos.

El político, que solicitó la baja en el PP desde el inicio de su procesamiento judicial, fue investigado por el juzgado de instrucción número 1 de la ciudad, que determinó la existencia de indicios de un delito de prevaricación en relación a 104 contratos firmados por el expresidente de la Diputación, semanas antes de que se celebrase el congreso en el que su hijo, José Manuel Baltar, resultó elegido presidente provincial del PP.

La instrucción está cerrada, pero quedaban por resolver sendos recursos de la defensa y de la acusación popular ejercida por el PSOE. El primero pedía el sobreseimiento de la causa al alegar "indefensión jurídica" y solicitaba la consideración de irregularidad administrativa, mientras que el segundo pedía la ampliación de las acusaciones contra Baltar con las de malversación de caudales públicos y falsedad documental, en relación con los contratos fraudulentos.

Ambos recursos fueron rechazados y sin posibilidad de apelación, por lo que el procedimiento judicial, iniciado en diciembre de 2012 a raíz de una querella de la Fiscalía, pasa ahora a su fase intermedia, en la que acusaciones y defensa deben presentar escritos de calificación, según detalla el auto de la Audiencia Provincial conocido este jueves.

En relación al recurso presentado por la defensa de José Luis Baltar, la Audiencia Provincial determinó que no se justifica el archivo del procedimiento "porque es suficiente con que no se descarte la infracción penal para que el proceso deba continuar".

Sobre la posible imputación por malversación de fondos públicos, la Audiencia considera que la petición "se arropa con el testimonio de uno de los jefes de servicio de la Diputación, que dijo que se contrataron 9 personas a partir de tres solicitudes, y sólo una fue asignada a ese servicio".

La resolución señala que no hay indicios de que ese trabajo no se hiciese en otro servicio y el testimonio del jefe de Promoción y Empleo "no contribuye a deducirlo", por lo que también rechaza ese recurso.

Los hechos imputados a Baltar en la instrucción se refieren a 104 contratos temporales en la Diputación realizados entre el 15 de enero de 2010 y el 17 de marzo del mismo año prescindiendo "a sabiendas" de los supuestos esenciales establecidos en la ordenanza del año 2004 de la propia institución provincial.