POR ORDEN EXPRESA DEL GOBIERNO
De apoyar la apertura de juicio oral por rebelión a rebajar a sedición y malversación: las claves del giro de la Abogacía del Estado en la causa del 'procés'
La Abogacía del Estado se desmarca de la Fiscalía en la causa del 'procés' acusando a los procesados por sedición y malversación, pero no por rebelión.
El 13 febrero el juez Pablo Llarena acepta que se persone la Abogacía del Estado a la investigación del 'procés', por malversación. En ese momento, además, de los delitos de sedición y rebelión, también se investigaba de donde sacó el dinero el Govern para los actos del 1 de octubre.
Meses después, en agosto, la Abogacía apoyó la apertura de juicio oral por rebelión. En esas fechas Sánchez como Secretario general del PSOE también apoyaba esa tesís."Si no hay altercados públicos, logicamente, eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión como si que se que produjo", aseguraba el ahora presidente del Gobierno.
Fiscalía y Abogacía del Estado han ido de la mano con ese argumento para rechazar la petición de libertad de los políticos presos. Pero poco después cae el Gobierno de Rajoy por la moción de Censura que ganó Pedro Sánchez.
Es entonces cuando la interpretación de rebelión por parte del Gobierno varía. "El delito de rebelión es inherente a un supuesto golpe de Estado se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares", afirmaba Pedro Sánchez el pasado 24 de octubre en el Congreso.
Las presiones de los partidos independentistas llevan al Ejecutivo a insistir en la independencia de los órganos judiciales. "El Gobierno se mantiene absolutamente imparcial en relación al 'procés'", insistía dos días más tarde la portavoz del Gobierno Isabel Celáa.
Ahora la Abogacía rebaja a sedición y malversación, según ha podido saber laSexta, por orden expresa del Gobierno.
"Se ha producido un cambio en las conclusiones provisionales y debemos atribuirlo al criterio del Gobierno", explica José Antonio Zarzalejos, periodista analista de laSexta.
Un cambio que podría beneficiar a los acusados en un futuro recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.