Caso Leire Díez
Primera dimisión en la SEPI: una de las directivas imputadas por organización criminal y amaños de adjudicaciones deja su cargo
Los detalles Según ha adelantado El Mundo, la directora de Desarrollo Corporativo de la empresa pública de defensa Isdefe, Teresa Castillo, ha dimitido y ha puesto su cargo a disposición para no perjudicar a su institución durante el proceso judicial.
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El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado a 25 personas por organización criminal y amaños en la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), incluyendo a su presidenta, Belén Gualda. Tras conocerse la noticia, Teresa Castillo, directora de Desarrollo Corporativo de Isdefe, dimitió para no perjudicar a su institución durante el proceso judicial. Entre los imputados se encuentran José Vicente Berlanga, ex de Enusa, y Rosario Arévalo, exconsejera de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha. Pedraz ha ordenado que los imputados designen abogado y procurador antes de declarar, tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción.
* Resumen supervisado por periodistas.
48 horas después de conocer que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado a 25 personas por organización criminal y amaños de adjudicaciones y ayudas en la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), entre ellas la actual presidenta, Belén Gualda, ha tenido lugar la primera dimisión.
Según ha adelantado El Mundo, la directora de Desarrollo Corporativo de la empresa pública de defensa Isdefe, Teresa Castillo, ha dimitido y ha puesto su cargo a disposición para no perjudicar a su institución durante el proceso judicial.
Entre los imputados en la pieza del caso Leire Díez sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, están el expresidente de la empresa pública Enusa José Vicente Berlanga o Rosario Arévalo, exconsejera de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha.
En una providencia a la que ha tenido acceso laSexta, el instructor del 'caso Leire' responde a un escrito de la Fiscalía que solicita que el procedimiento se dirija "no solo formal sino también materialmente" contra los 25 imputados.
El juez Pedraz ordena ahora a todos los imputados que no estén personados en la causa que designen abogado y procurador antes de prestar declaración. La causa tiene su origen en una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción presentada el 10 de diciembre de 2025.