Acuerdos de gobierno
La prioridad nacional divide al PP frente a un Vox venido a más que ya busca imponerla en la Comunitat Valenciana
¿Qué están diciendo? Ayuso insiste en que "ninguna persona extranjera deja a ningún español fuera de nada" mientras Bendodo asegura que el PP asume "fielmente" lo firmado con Vox.
Resumen IA supervisado
El principio de prioridad nacional ha generado divisiones en el PP, mientras Vox lo considera un logro en Extremadura y Aragón y busca implementarlo en la Comunitat Valenciana. Dentro del PP, Isabel Díaz Ayuso defiende que este concepto no excluye a los españoles, argumentando que se basa en criterios como el tiempo de empadronamiento. Por su parte, Jorge Azcón apoya el acuerdo con Vox, señalando que se centra en el arraigo y la residencia efectiva. En contraste, Juanma Moreno critica la falta de preparación de Vox para gobernar. La dirección nacional del PP respalda los acuerdos con Vox, lo que amplía la brecha interna mientras Vox lleva el debate a la Comunidad Valenciana.
* Resumen supervisado por periodistas.
El principio de prioridad nacional divide al PP, mientras que Vox considera un logro haberlo impuesto en Extremadura y Aragón. Tal es la confianza que ha ganado el partido de ultraderecha, que ahora quiere replicarlo en la Comunitat Valenciana.
En las filas de los 'populares' no todos están a favor del concepto y dos pesos pesados del partido muestran públicamente sus discrepancias al respecto. Por un lado, Isabel Díaz Ayuso asegura que la prioridad nacional "no deja fuera a ningún español".
"Ninguna persona extranjera deja a ningún español fuera de absolutamente nada", ha clamado en la Asamblea de Madrid. Un planteamiento que ha defendido en otras ocasiones, asegurando que "no es lo mismo llevar 4 meses que 15 años en Madrid". "Exigimos minimos de empadronamiento, años mínimos de empadronamiento", ha añadido.
En Aragón, Jorge Azcón "adorna" el argumento para defender su acuerdo con Vox y dice que "la prioridad nacional tiene que ver con qué criterios dentro de la legalidad que pueden ponderar o beneficiar el arraigo, puedan extenderse". "Tienen que ver con el número de años de empadronamiento, con la residencia efectiva", ha sostenido en declaraciones a los periodistas.
Además, ha dejado un recado a sus socios, asegurando que "un mínimo conocimiento de las leyes te lleva a saber que alguien que tenga la residencia española tiene los mismos derechos que alguien que sea español por haber nacido en España".
El otro gran peso pesado del PP que se posiciona en contra de pactar con Vox es Juanma Moreno, que dice que esa formación "no tiene equipos preparados para gobernar". "Gobernar es muy complejo, se necesita experiencia. Su programa está muy alejado de la propia realidad", ha esgrimido.
Ayuso y Moreno chocan frontalmente también con la dirección nacional del PP, que defiende el punto alcanzado con Vox. "Nosotros, como no puede ser de otra manera, asumimos fielmente lo que hemos firmado, tanto para la formación del gobierno en Extremadura como en Aragón", ha declarado el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, Elías Bendodo.
Vox lo lleva a la Comunitat Valenciana
La brecha en el PP se agranda mientras Vox aprovecha para llevar el debate a la Comunidad Valenciana. El grupo de Vox de Les Corts Valencianes ha registrado una propuesta para que esta cámara inste al Gobierno valenciano a pedir al central que garantice la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, los servicios públicos y los programas de vivienda, y repatrie a todos los inmigrantes ilegales.
Vox, que ha presentado esta propuesta a la mesa de Les Corts como proposición no de ley de tramitación especial de urgencia, pide la derogación del decreto que regula el reconocimiento de la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de los extranjeros que no tengan su residencia legal en España.
También reclama modificaciones normativas del sistema de la Seguridad Social para asegurar que las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva "quedan reservadas a los españoles", así como que no se preste asistencia jurídica gratuita a los extranjeros en los asuntos relacionados con procesos de expulsión.
Entre las propuestas, claramente xenófobas, se encuentra "la remigración" de los extranjeros que, "por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el estado de bienestar de los españoles", y establecer la prioridad nacional para acceder a una vivienda social o protegida, a bonificaciones fiscales diferenciadas o cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda.
Aboga por impedir que los inmigrantes irregulares hagan uso del sistema sanitario, salvo casos vitales o de emergencia, y por derogar el decreto que regula la atención sanitaria pública a extranjeros sin residencia legal en España, así como por poner fin al proceso de regularización de inmigrantes.
En el escrito, presentado por el portavoz y portavoz adjunto del grupo Vox, José María Llanos y David Muñoz, respectivamente, se refieren a la "profunda crisis" en que se encuentra el estado de bienestar por "la deficiente gestión de los sucesivos gobiernos" y por "un problema aún mayor, la inmigración masiva y descontrolada".
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