Tribunales
Puigdemont pide al Supremo aplicar "sin más demora" la amnistía tras el fallo del Tribunal Constitucional
Los detalles La defensa de Puigdemont reclama, de igual manera, el "alzamiento definitivo" de las órdenes nacionales de detención e ingreso en prisión dejadas provisionalmente sin efecto.
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La defensa de Carles Puigdemont ha solicitado al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que inicie sin demora los trámites para aplicar la ley de amnistía a los cargos de malversación que se le imputan. Tras la audiencia del Ministerio Fiscal y las partes del procés, se urge a abrir el procedimiento para aplicar la ley. Se pide una resolución que, según la doctrina del Tribunal Constitucional del 6 de octubre de 2026, incluya estos hechos en la Ley Orgánica 1/2024, extinga la responsabilidad penal de Puigdemont y levante las órdenes de detención. Esta acción sigue a la absolución del Tribunal de Cuentas, que aplicó la amnistía a Puigdemont y otros líderes por los gastos del procés.
* Resumen supervisado por periodistas.
La defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que "sin más demora" inicie los trámites legalmente previstos para aplicar a su representado la ley de amnistía a los hechos que se le atribuyen como constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos.
En el escrito al que ha tenido acceso laSexta, destaca que, una vez que se ha cumplimentado la audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes personadas en la causa del procés, es necesario abrir "de inmediato" el trámite específico para la aplicación de la ley.
En este sentido, reclama que se dicte una resolución que, "con arreglo a la doctrina de la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del pasado 6 de octubre de 2026", declare que los hechos investigados "se hallan comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 1/2024 y, en consecuencia, declare terminado el sumario respecto de su representado y remita lo actuado a la Sala Penal, a fin de que decrete "la extinción de su responsabilidad penal y el sobreseimiento libre de la causa".
De igual manera, reclama el "alzamiento definitivo" de las órdenes nacionales de detención e ingreso en prisión dejadas provisionalmente sin efecto en el auto auto del 6 de octubre de 2026, así como de "cualesquiera otras medidas cautelares, personales o reales", acordadas contra Puigdemont.
A su juicio, el Supremo lo tiene que llevar a cabo "con el carácter preferente y urgente que el contendido de la ley atribuye a la aplicación de la amnistía".
"La ley persigue la normalización institucional, política y social en Cataluña, finalidad cuya legitimidad ha reconocido el Tribunal Constitucional; su aplicación serena y sin dilaciones a quien presidió la Generalitat sirve también a ese fin", sostiene el dirigente independentista.
Puigdemont ha presentado este escrito dentro del plazo de cinco días que el Supremo dio a las partes para que puedan presentar alegaciones después de recibir la sentencia la corte de garantías que le ordena amnistiar el delito de malversación.
Y lo ha hecho el mismo día que el Tribunal de Cuentas ha decidido aplicarle la amnistía en la causa que tenía abierta contra él y una treintena de encausados más por los gastos del 'procés', al no haberse demostrado que se realizaran con fondos públicos provenientes del presupuesto de la Unión Europea.
Además de sobre el expresidente de la Generalitat, la malversación todavía pesa como procesados sobre los exconsejeros Toni Comín y Luís Puig, que tampoco fueron juzgados al haber huido, y sobre el exvicepresidente Oriol Junqueras y los también exconsejeros Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull.