¿Qué opciones tiene Mariano Rajoy para inhabilitar la declaración unilateral de independencia en Cataluña?

Si Carles Puigdemont mantiene su palabra de nada serviría a corto plazo recurrir al Tribunal Constitucional porque no daría tiempo a inhabilitar al Govern de Cataluña. Por eso, expertos constitucionalistas conciden en que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene otras vías para intervenir: podría activar el artículo 155 de la Constitución, apoyarse en la Ley de Seguridad Nacional o aplicar el artículo 116 de la Constitución para declarar los estados de sitio o de excepción.

Además, para el PSOE, el Gobierno ha de tomar una decisión cuanto antes. "Después de una declaración de independencia, no cabe más que actuar", destaca José Luis Ábalos. En caso de utilizar la primera de las vías, el artículo 155, Carles Puigdemont ya ha advertido que podría "ser el error definitivo". Es, por contra, la petición que Ciudadanos ya le ha hecho a Mariano Rajoy. "Que active el artículo 155 para evitar la declaración de independencia, para parar el golpe", ha pedido Albert Rivera.

Tal y como dice la Constitución, se podría aplicar "si la Comunidad Autónoma" no cumpliera "las obligaciones" que la ley impone o si actúa "de forma que atente gravemente al interés general de España". El Gobierno tiene que enviar a Puigdemont un requerimiento previo y, si desobedece, el Ejecutivo podría entonces nombrar un Ejecutivo catalán en funciones, asumir el control de los Mossos o convocar elecciones. Para activar el 155, se necesita el aval del Senado, donde el PP tiene mayoría.

Otra opción que no necesitaría pasar por el Senado ni el requerimiento previo al President, sería aplicar la Ley de Seguridad Nacional, que se activa con un siemple decreto ley. Esto permitiría al Gobierno el nombramiento de una "autoridad funcional" que gestionase la actividad y controlase a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Mossos incluidos.

Un paso más allá sería activar el artículo 116 de la Constitución, que necesitaría el acuerdo del Congreso. Se declararía el Estado de sitio o el de excepción en Cataluña y, por tanto, se suspenderían derechos y libertades como el de reunión, manifestación o huelga. Pero hay una última opción: algunos constitucionalistas aseguran que el Gobierno podría no hacer nada ya que la independencia de por sí no es efectiva legalmente.