Habla Cuca Gamarra
El PP quiere que el Congreso reconozca la victoria de Edmundo González en Venezuela
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, pide "transparencia" a Maduro, a quien reclama que haga públicas las actas de las elecciones en Venezuela. "Quien gana las elecciones tiene que gobernar, no tiene que repetir", defiende.
El PP volverá en septiembre al Congreso de los Diputados y lo hará llevando una primera votación para que España reconozca la victoria del candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, sin esperar a la posición que adopte el Gobierno de Pedro Sánchez.
Así lo ha anunciado la secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, en una entrevista en Europa Press, después de que España haya firmado una declaración conjunta -junto a más países- para exigir la publicación de las actas electorales.
"Promoveremos en el primer Pleno del Congreso de los Diputados que el Parlamento se pronuncie más allá del Gobierno y España pueda tener una posición en la cual, desde el Congreso, reconozcamos a quien ganó las elecciones", ha asegurado Gamarra.
De esta forma, el PP pretende que España, "más allá de Pedro Sánchez", defienda "la democracia en Venezuela y el resultado electoral que democracias de todo el mundo están reconociendo y exigiendo". Una postura, añade, que es compatible con seguir "exigiendo transparencia" y "que se hagan públicas las actas por parte de (Nicolás) Maduro".
También tendrá que pasar por el Congreso la financiación singular pactada con Cataluña. Este domingo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha descartado en 'El Español' que los líderes regionales puedan llegar a reunirse individualmente con el Gobierno para pactar sistemas similares.
Con la amnistía ya en marcha, el PP anuncia un paso más para intentar frenarla. Presentará, en el Tribunal Constitucional, recursos contra la ley, contra el presidente del Tribunal y contra los dos miembros que proceden del Gobierno.
Mientras tanto, el PSOE sigue exigiendo explicaciones a Feijóo y Ayuso por los contratos adjudicados por la Xunta de Galicia y la Comunidad de Madrid a empresas vinculadas a familiares. Tomarán, para ello, medidas parlamentarias y judiciales.