El PP quiere rehabilitar a los políticos absueltos por corrupción

La dirección nacional del PP es partidaria de incluir en su ponencia Política y de Estatutos la llamada 'rehabilitación reputacional' de los cargos públicos obligados a dimitir ante una "acusación injusta" por corrupción, pero que después fueron absueltos en una resolución judicial firme, han indicado fuentes de la formación.

La propuesta parte de una enmienda inicial presentada por el portavoz adjunto del Grupo Popular y diputado por Granada, Carlos Rojas, a una de las ponencias que se debatirán en el XVIII Congreso Nacional del PP que se celebra entre los días 10 y 12 de febrero.

El fallecimiento de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá el pasado mes de noviembre ya reabrió dentro del PP el debate interno acerca de en qué momento procesal debe asumirse la responsabilidad política. El PP cree que se debe echar a un político cuando se abre juicio oral y así lo recoge en sus Estatutos, pese a que en el pacto de investidura firmado con Ciudadanos fue más allá por exigencia del partido de Albert Rivera.

En concreto, Rojas plantea en su enmienda la recuperación pública de aquellos dirigentes del partido que fueron apartados y obligados a dejar sus funciones por una acusación "injusta". Por eso, en caso de que haya fallo judicial declarando la inocencia, defiende que el PP, a través del Comité Ejecutivo correspondiente, informe a la opinión pública de esa inocencia.

El diputado del PP considera que en esos casos debe producirse la rehabilitación reputacional para el servicio público, con la recuperación inmediata de su condición de afiliado al PP "con plenos derechos y obligaciones pudiendo volver a participar en la vida orgánica del partido, así como a participar en los procesos electorales futuros si así lo deciden los órganos del partido competentes para ello".

En la justificación de esta enmienda --a la ponencia que ha dirigido el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo--, Rojas destaca la defensa del principio de presunción de inocencia, el derecho al honor y el principio desigualdad.

Además, recuerda que existen "centenares de casos de servidores públicos que han sido acusados de conductas ilícitas en el ejercicio de su cargo" y añade que la mayoría de ellos "abandonaron su función de servidores públicos" por esas acusaciones.

"Sin embargo, cuando una resolución judicial archivó el procedimiento contra ellos interpuesto, o los declaró inocentes por sentencia, ya nunca regresaron a cumplir su vocación en la vida pública pues habían quedado inhabilitados por una condena reputacional que quebró en origen su presunción de inocencia, y dañó su trayectoria y su honor", asegura.

A su entender, la política pierde a servidores públicos "honestos y a buenos gestores". En concreto, subraya que "cerca de 200 servidores públicos del PP, declarados inocentes, no han regresado al servicio público por causa de un estigma injusto que ha sido debido en la mayoría de las ocasiones a denuncias de otras formaciones políticas, en un abuso del derecho en clave de judicialización de la política".

De hecho, dice que esto ha provocado que incluso las asociaciones de jueces y fiscales vean imprescindible limitar la acusación popular, al tiempo que añade que "así lo estima igualmente el Ministerio de Justicia". "Nos encontramos ante querellas basadas en recortes de prensa; ayuntamientos personados en contra del gobierno municipal anterior, de signo político opuesto; confrontación política sustanciada en los tribunales; condenas anticipadas en juicios paralelos", apostilla.

A diez días del cónclave, la dirección del PP reconoce que ve con buenos ojos esta propuesta sobre la rehabilitación reputacional que ha redactado Carlos Rojas y estudian su posible incorporación a la ponencia Política y de Estatutos que se aprobará en el Congreso del PP de la próxima semana.