Radiografía de 100 años de represión y lucha LGTBI, de los vagos y maleantes a la aprobación de la ley trans

España es actualmente uno de los países del mundo con más libertades y derechos reconocidos para el colectivo LGTBIQ+, pese a que aún queda mucho trabajo frente a viejas y nuevas amenazas. Reconocida la ley trans, se da un paso más en una batalla eterna y sin tregua. Pero hubo un tiempo, no hace mucho, en que la situación era totalmente diferente, mucho más difícil y peligrosa. En 1954, si se era homosexual, bisexual o trans, se estaba reconocido ante la ley como 'vago' o 'maleante'. Literalmente.

Desde ese año, y hasta 1978, nuestro país permitió oficial y públicamente la caza de toda aquella persona que no fuera heterosexual (una práctica que ya se venía dando de mucho antes en una sociedad bajo el yugo de la tradición nacionalcatólica y opresivamente patriarcal al inicio de la dictadura). La primera ley de Vagos y Maleantes, que data de 1933, con el Gobierno republicano de Azaña, tenía por objetivo "la prevención de los delitos". Ya entonces presentaba tintes declaradamente discriminatorios.

No obstante, eximía de castigo la diversidad sexual. Con la puesta en marcha de la Segunda República se derogó la norma aplicada durante el reinado de Alfonso XIII. En 1928, el Código Penal español establecía "multa de 1.000 a 10.000 pesetas e inhabilitación especial para cargos públicos de seis a doce años" para el que "habitualmente o con escándalo cometiera actos contrarios al pudor con personas del mismo sexo". Esta ley era, además, discriminatoria por géneros al referirse con énfasis a los "delitos de abusos deshonestos sin publicidad ni escándalo entre hembras".

Que el colectivo no sufriera una persecución penal en tiempos de la república no significaba que la identidad u orientación de sus miembros estuviera reconocida, ni mucho menos, como tampoco fueron pocas las agresiones y abusos que sufrieron por parte de una población puramente conservadora. Sin la protección y el apoyo necesario por parte de las instituciones, sus derechos y libertades fueron viéndose cada vez más limitados, dándose por contra un renovado sentimiento de repudio descaradamente LGTB-fobo.

Consecuentemente, no mucho después, con el estallido de la guerra y el inicio de la dictadura fascista de Franco, se esfumó de un plumazo ese pequeño espacio social conquistado por los defensores de la diversidad sexual. El asesinato del poeta García Lorca justo un mes después del inicio del golpe de Estado pareció ser el primer aviso del régimen: la fecundada por la Iglesia era la única doctrina moral y social permitida, y todo aquello que atentara contra los valores de esta estructura opresiva sería duramente reprimido. Lo que vivieron en años posteriores, hasta la muerte de Franco, fue una masacre.

LGTBI en el franquismo: torturas, violaciones y asesinatos

Reducida la resistencia republicana y eliminada la disidencia a través de crímenes de lesa humanidad, el franquismo centró sus armas y recursos en la conquista de la batalla ideológica y cultural dando un poder casi sin límites a la religión. La dictadura y la Iglesia sentaron en la posguerra las bases de un mando único con intereses políticos, económicos y sociales muy definidos que se extendió hasta 1975. Con ellos, la libertad sexual fue marginada y restringida en pos de un modelo que situaba al hombre heterosexual como líder indiscutible de los núcleos familiares.

Ello provocó que, durante este tiempo, las LGTBI fueran asesinadas, violadas, torturadas, encarceladas o forzadas al exilio en masa, pero también que aquellas que se mantenían en la clandestinidad o el secreto no tuvieran forma alguna de articularse como fuerza social ante el conservadurismo imperante. Así las cosas, entre principios de los 40 y hasta mediados de los 70, quienes no huyeron de España fueron apaleados o asesinados en plena calle por la policía del franquismo. También, marginados de la sociedad o encarcelados. Según datos oficiales, unos 5.000 homosexuales fueron apresados durante la dictadura.

Para justificar tal ofensiva, el franquismo convirtió en ley lo que ya llevaba aplicando años atrás sin ninguna clase de discrección, y lo hizo recuperando la famosa Ley de Vagos y Maleantes lanzada en el 33. En su reforma de 1954, el régimen amplió el carácter delictivo a todo el colectivo. Así se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 15 de julio: "A los homosexuales [...] se les aplicarán para que las cumplan todas sucesivamente, las medidas siguientes: internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola, prohibición de residir en determinado lugar o territorio y obligación de declarar su domicilio, sumisión a la vigilarícia de los Delegados".

Éramos los degenerados, los afeminados, los depravados; los violadores de niños"

Respecto al primer punto, se añadía, además: "Los homosexuales sometidos a esta medida de seguridad deberán ser internados en instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los demás". El régimen justificó la adopción de estas medidas para hacer frente a la "producción de hechos que ofenden la sana moral de nuestro país por el agravio que causan al tradicional acervo de las buenas costumbres fielmente mantenido en la sociedad española". E incluso, en un autolavado de cara inaudito, advirtió en el mismo texto de que estas no eran "propiamente penas, sino medidas de seguridad con la aspiración de corregir a sujetos caídos al más bajo nivel moral".

En cualquier caso, con esta fórmula Franco articuló la cacería legal de "violetas", "sarasas" o "maricones" a través de dos vías mayoritarias: el encarcelamiento o el internamiento en cárceles de trabajo. En el primer caso, las prisiones estaban bien identificadas. La quinta galería de la cárcel de Carabanchel -conocida despectivamente como el 'palomar' de Madrid- fue escenario de vejaciones, violaciones, torturas y asesinatos por razones de identidad u orientación sexual y con la complicidad -cuando no la acción directa- de los funcionarios de prisiones.

Testigo de ello fue Elianne García, quien pasó cuatro veces por la cárcel, la última en Carabanchel: "Éramos los degenerados, los afeminados, los depravados; los violadores de niños. Yo he visto a una transexual a la que, por el hecho de llevar pechos, por la noche le dieron una paliza y la violaron". También la Modelo de Barcelona sirvió como centro exclusivo para continuas agresiones de este tipo, así como los penales de Huelva (para los considerados "activos", Badajoz (para los "pasivos") y de Valencia, durante los meses, años o décadas que fueron recluidos por ser LGTBI.

Por razones de hacinamiento de los presos que iban llenando en muy poco tiempo las cárceles españolas y para sacar alguna utilidad a la toma de presos políticos, la dictadura optó por implantar, también por sesgo sexual, campos de trabajo para las personas LGTBI -aunque por entonces el colectivo estaba reducido al término 'homosexual'-. La Colonia Agrícola de Tefía fue de las más conocidas, una de muchas. Ubicada en el pueblo del mismo nombre, en el centro de la isla de Fuerteventura, este centro de explotación de esclavos destrozó toda concepción de libertad de los prisioneros enviados allí.

En el tiempo que estuvo activo, desde 1953 hasta 1966, fueron muchos homosexuales los homosexuales recluidos allí. Octavio García fue uno de ellos, cuyo testimonio sirve ahora, 60 años después, para retratar con precisión el horror de quienes se vieron atrapados por el campo de concentración de Tefía: "Estuve 16 meses presos. Te transforma, te quita la mente, te la estropea, porque allí no había más que cargar piedras y agua. Había hombres que llegaban con 80 kilos y se quedaron pesando 45 o 50. Las palizas que yo vi allí... Como te equivocaras de paso te daban con una fusta".

Lejos de producirse un aperturismo en términos sociales que fuera limitando progresivamente las penas al colectivo, Franco consolidó su postura LGTB-foba con la aprobación de la Ley de peligrosidad y rehabilitación social en 1970. También esta norma, que incluía a "los que realicen actos de homosexualidad" en los "supuestos del estado peligroso", pretendía "reformar" más que castigar la diversidad sexual. Para ello, se decidió su "internamiento en un establecimiento de reeducación". Esto es, el ingreso en centros psiquiátricos donde sufrieron lobotomías, torturas psicológicas y 'tratamientos' relacionados con el electroshock.

Democracia y nuevos aires de libertad

La criminalización del colectivo no acabó tras la dictadura. Durante la Transición y los primeros años de democracia, la ley siguió activa. Si bien su aplicación contra las LGTBI fue reduciéndose notablemente, su mera existencia continuaba generando un rechazo social y legal amparado por las instituciones. En 1979 se eliminaron los decretos que ponían en tela de juicio "los actos de homosexualidad", pero la ley sobre el "escándalo público" se mantuvo vigente hasta 1989, fecha de su derogación. Aun así, de nuevo libres del acecho social y policial y de una carga punitiva, los movimientos en favor de la libertad sexual fueron recuperando el espacio perdido, pero seguían vetados al reconocimiento oficial.

Los frentes de liberación homosexual o los colectivos de feministas lesbianas jugaron un papel fundamental en la lucha por la integración social de las LGTBI. Sin embargo, aunque la aceptación de las mismas fue haciéndose mayoritaria conforme España consolidaba su sistema democrático, las reminiscencias de un franquismo muy presente todavía en la estructura sociopolítica generaron una ola conservadora que se oponía con todo a la diversidad por orientación o condición. Una de las principales batallas a ganar por el colectivo en los 90, cuando seguía siendo perseguido por sectores reaccionarios, fue el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Lo cierto es que el Gobierno de José María Aznar rechazó durante su mandato las numerosas propuestas para legalizar el casamiento de homosexuales. Eso a pesar de que en territorios como Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Asturias, Andalucía, Extremadura, País Vasco o Aragón fueron aprobándose entre finales de los 90 y principios de los 2000 las Ley de Parejas que reconocían oficialmente a las parejas homosexuales. No fue hasta el mandato de Zapatero cuando el colectivo pudo dar un paso decisivo en su camino hacia la igualdad. El 2 de julio de 2005, España legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero la conquista de la libertad no ha acabado ahí.

España es a día de hoy uno de los territorios que más protegen a las personas LGTBIQ+. Han pasado 100 años desde las persecuciones de los años 20 a la aprobación de la pionera ley trans, norma que reconoce a las personas trans y garantiza su despatologización, que prohíbe las terapias de conversión o que fomenta la educación en diversidad e inserción sociolaboral de los miembros del colectivo. Sin embargo, la LGTB-fobia se mantiene latente en un país donde la orientación sexual y la identidad de género aparecieron como el tercer motivo de delitos de odio en 2019, según el Ministerio del Interior, y que observa preocupada un aumento de los casos de incidentes de odio registrados en los últimos años, en coincidente ascenso con el auge de la extrema derecha.