Rajoy abre la puerta a indultar a los sindicalistas condenados por delitos contra el derecho de los trabajadores

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho a Izquierda Plural que el Ejecutivo no puede intervenir en las peticiones de pena a los sindicalistas condenados por delitos contra los derechos de los trabajadores y ha subrayado que "no puede dar órdenes a la Fiscalía de cómo tiene que hacer su trabajo".

Rajoy ha respondido así en el Congreso a una pregunta del presidente del grupo parlamentario de Izquierda Plural, Cayo Lara, sobre la posición del Gobierno ante la petición de la Fiscalía de 120 años de cárcel para casi 300 sindicalistas y trabajadores que ejercieron el derecho de huelga frente a las reformas laborales.

El presidente del Gobierno ha señalado que la posición del Ejecutivo en todos estos casos es "respetar la función de la Fiscalía y promover la acción de la justicia". Además, ha instado al también coordinador federal de IU a plantear los indultos a los seis sindicalistas si lo estima necesario, pero le ha recordado que éstos se resolverán de acuerdo a los informes de los funcionarios de justicia.

Esta semana, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se comprometió a estudiar las peticiones de indulto para tres sentencias de tres años y un día de prisión a seis sindicalistas por delitos contra los derechos de los trabajadores ocurridos en Pontevedra, Vigo y Granada.

En la sesión de control, Rajoy ha insistido en que éste es un Estado de Derecho y no se pueden dar órdenes a la Fiscalía, si bien ha precisado que lo que sí se puede es promover que se modifique la ley. En este sentido, ha instado a Lara a pedir la modificación del artículo 315 del Código Penal, en concreto el punto 3, que castiga con tres años de cárcel a quienes coaccionan a otros por iniciar o continuar una huelga.

El presidente del Gobierno también ha dicho que la mayor parte de las sentencias se corresponden con asuntos producidos antes de la reforma laboral y de que él llegara al Gobierno, y ha apuntado que algunas son de los años 2010 y 2011.

También ha comentado que el artículo 315 lleva en vigor muchos años "y cuando en 1995 se aprobó, con los votos de la izquierda, el denominado Código penal de la democracia, ese artículo siguió en vigor". Por ello, le ha reiterado a Lara que plantee su modificación y le ha recalcado que su Gobierno no lo aprobó.

Por su parte, el coordinador federal de IU ha calificado de irracional que el Estado pretenda frenar la legítima protesta social con medidas represivas y con el Código Penal, intentando así silenciar al sindicalismo de clase.

Ha señalado que mucha gente no puede entender que mientras a los trabajadores que participan en las huelgas se les aplica el artículo 315 del Código Penal, a determinados empresarios acusados de coaccionar a los trabajadores para que no puedan ejercer sus derechos se les aplican sanciones administrativas.

Lara ha recordado que un estudio del CIS revela que en la última reforma laboral fueron más los trabajadores que no secundaron la pasada huelga general por la amenaza empresarial, que los que la secundaron por la influencia de piquetes informativos.

Esto demuestra, que el piquete más coactivo es el que dice "si vas a la huelga estás despedido", ha dicho. El coordinador federal de IU ha incidido en que los ministerios Fiscal, de Justicia e Interior deberán actuar contra los que hacen fraude y evaden recursos a los paraísos y no frente a los trabajadores que defienden sus derechos.