Rebelión o sedición: esta es la diferencia si el Supremo condena a los líderes independentistas

La sentencia del 'procés' será un antes y un después en la historia democrática de España. Afectará de lleno a las relaciones entre el Estado y el Govern y una de las claves será si los acusados, de ser condenados, lo son por rebelión o por sedición. Estas son algunas de las preguntas que tendrá que responder el Supremo.

¿Rebelión o sedición?

Hay varias opciones encima de la mesa. La Fiscalía siempre defendió la rebelión; la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, apostó por la sedición; y las defensas argumentaron la mera desobediencia. Los jueces tendrán que justificar si aquel 27 de octubre de 2017 hubo un ataque al orden constitucional (rebelión) o contra el orden público (sedición).

Un factor clave será determinar si hubo violencia. En concreto, sobre si ésta fue imprescindible, idónea y necesaria para que el Parlament declarara finalmente la independencia el 27-O. Un instrumento para alcanzar un fin o un actor secundario en todo el procés.

¿Fue la DUI una declaración política o determinante?

Será una de las piezas fundamentales para determinar uno u otro delito. El tribunal tendrá que decantarse entre dos vías: si fue realmente una declaración política y por tanto no afectó en el desenlace de los hechos, o si fue determinante y se consumó, elemento necesario para que la supuesta rebelión se culminase.

¿Se malversó dinero público?

La resolución también tendrá que determinar si el desafío independentista impulsado por los ex dirigentes de la Generalitat se sufragó con fondos públicos. Las peritos de la Agencia Tributaria que declararon en el juicio explicaron que el perjuicio a las arcas catalanas se genera desde el mismo momento en el que se compromete el gasto, independientemente de si después este se abona o no.

Las funcionarias de Hacienda desmontaron así las estrategias de las defensas, que siempre han defendido que los preparativos y la celebración del 1-O no causaron ningún perjuicio público puesto que todas las facturas fueron rechazadas y los pagos no se ejecutaron. Las expertas tributarias cifraron en -al menos- 917.648,39 euros, "impuestos excluidos", la malversación cometida en torno al 1-O.

Otra de las piezas de la sentencia. Si los dirigentes políticos usaron dinero público para su desafío independentista.

Para la Fiscalía, todos los miembros del Govern fueron "coautores" de dicha malversación. "Todos y cada uno de los miembros del Gobierno son responsables últimos y máximos de todos y cada uno de esos desvíos de fondos públicos", sostuvo la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigalen su informe final.

Para el Ministerio Público hubo una "coautoría ejecutiva" entre los miembros del Govern de Carles Puigdemont respecto de dicho tipo delictivo. La Sala también deberá resolver si los tres acusados, que no se encuentran en prisión preventiva -los ex consellersCarles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs-, a los que se les atribuyen delitos de desobediencia y malversación, son también responsables de ese desvío de dinero procedente de las arcas catalanas.