ERE de Andalucía
El Constitucional rechaza suspender las penas de prisión a los condenados por los ERE
El Alto Tribunal ha rechazado este martes dejar en libertad a los ocho ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados por los ERE que cumplen penas de prisión, mientras se resuelve el fondo de sus recursos de amparo.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este martes y por unanimidad denegar la suspensión de la pena privativa de libertad a los ocho ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados en la pieza principal de la causa de los ERE de Andalucía. Los condenados, cuyas penas iban desde los seis a los casi ocho años de cárcel, son Miguel Angel Serrano Aguilar, Juan Márquez Contreras, Antonio Fernández García, Francisco Vallejo Serrano, Jesús María Rodríguez Román, Carmen Martínez Aguayo y José Antonio Vera Chacón. Aunque un total de doce condenados por los ERE han pedido amparo al Constitucional, solo ocho solicitaron la medida cautelar de la suspensión de la privación de libertad mientras que se resuelve el fondo de sus recursos de amparo.
El Pleno considera que "la gravedad de la pena, la naturaleza, gravedad y trascendencia social de los hechos enjuiciados" son "decisivos para no acceder a la suspensión interesada", además de que "los recurrentes fueron condenados por delitos continuados contra la Administración Pública cometidos a lo largo de un extenso periodo de tiempo y con incidencia en toda una comunidad autónoma".
Aunque un total de doce condenados por los ERE han pedido amparo al Constitucional, solo ocho solicitaron la medida cautelar:Por su parte, el Pleno también acuerda tener por desistido al recurrente José Antonio Griñán Martínez de la petición de suspensión de la pena de prisión así como el archivo de la presente pieza separada de suspensión.
El auto razona que el recurrente solicitó al Tribunal Constitucional el pasado 28 de junio que se le tuviera por desistido de la medida cautelar interesada, habida cuenta del auto dictado por la Audiencia Provincial de Sevilla el 26 de junio de este año, por el que se acordaba la suspensión de la pena privativa de libertad.