IU recurre al Tribunal de Estrasburgo el archivo de la investigación al rey emérito Juan Carlos I

Izquierda Unida ha recurrido al Tribunal de Estrasburgo el archivo de las investigaciones sobre las irregularidades presuntamente cometidas por el rey emérito Juan Carlos I al considerar que se ha vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva y a que su causa sea oída equitativamente.

Según un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la formación reclama al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se retomen las investigaciones e incluso solicita el pago de 24.000 euros en concepto de daños y perjuicios. IU apunta que la actuación de la Fiscalía del Supremo, la encargada de llevar a cabo esta investigación, ha impedido una tutela judicial efectiva.

"El hoy demandante ante este Tribunal Europeo considera que en primer lugar esta investigación llevada a cabo por la Fiscalía del Tribunal Supremo (...), no da satisfacción ni a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución española (...) ni al contenido del artículo 117.1 de la Constitución española, al proclamar que 'la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley', ni al contenido del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuando establece que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente… por un Tribunal independiente e imparcial", aducen en el documento.

Así, consideran qua la investigación "tampoco da satisfacción a los demandantes, ni a la acción popular" y que las conclusiones de "insuficiencia de indicios incriminatorios, la prescripción del delito, la inviolabilidad del Jefe del Estado o la regularización fiscal", son "absolutamente cuestionables, por faltos de imparcialidad, cuando no falsos y torticeros".

IU reclama también el "el reconocimiento del derecho del demandante a una satisfacción equitativa en concepto de daños y perjuicios sufridos básicamente consistentes en las costas procesales (gastos de abogados y procurador), que de momento se cifran en la cantidad de 24.000 euros con independencia de que dichos emolumentos, daños y perjuicios, se justifiquen en el momento procesal oportuno".